Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que el clausurado centro de detención Alligator Alcatraz mantuvo a migrantes en jaulas metálicas del tamaño de cabinas telefónicas. La auditoría oficial confirmó que las instalaciones situadas en los Everglades de Florida vulneraron los estándares federales en seis categorías clave de atención y salubridad.
El documento expone graves irregularidades en los recintos operados por empresas privadas contratadas por el gobierno. Los inspectores verificaron que la administración del centro utilizó jaulas exteriores de apenas 18 pies cuadrados como "zonas de calma" para sancionar a los internos bajo elevadas temperaturas.
Al menos 79 detenidos pasaron por estas estructuras de confinamiento durante un periodo de inspección de solo 24 horas. El reporte incluye evidencia fotográfica de los habitáculos con cerraduras digitales de teclado instalados en los dormitorios y patios.
Telemundo Chicago detalló que el organismo fiscalizador calificó este método de aislamiento como una práctica "sin precedentes" que puso en riesgo la integridad física de la población bajo custodia. El medio informativo constató que el recinto cerró sus operaciones de forma definitiva tras la acumulación de denuncias por abusos y fallas logísticas.
¿Qué otras irregularidades detectaron en la inspección del DHS en Alligator Alcatraz?
La investigación técnica documentó deficiencias severas en la provisión de agua potable y raciones de alimento para las personas recluidas. El equipo de auditoría comprobó la presencia de plagas e insectos en las duchas, además de restricciones para la atención médica básica.
"Estas estructuras de contención supusieron un riesgo significativo para la salud y el bienestar de los detenidos", concluyó la Oficina del Inspector General del DHS en las conclusiones enviadas al Congreso. La comisión fiscalizadora constató que seis de cada ocho internos entrevistados carecían de acceso continuo a agua limpia para consumo diario.
Por su parte, diversas agrupaciones de abogados de inmigración exigen sanciones administrativas directas contra la firma contratista a cargo de la gestión del recinto. Los defensores de derechos humanos demandan la revisión inmediata de todos los contratos vigentes para la administración de cárceles migratorias en el país.
¿Qué consecuencias genera el informe de la auditoría federal?
El pronunciamiento del organismo de control fortalece las demandas civiles presentadas por colectivos de inmigrantes en los tribunales federales. La publicación de los hallazgos reaviva el debate político sobre la privatización del sistema de custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Los legisladores del Congreso citarán a las autoridades del DHS para evaluar las fallas de supervisión detectadas durante el funcionamiento de la instalación. El expediente administrativo continuará abierto hasta fijar las responsabilidades correspondientes por los atropellos documentados en la entidad.
Las organizaciones civiles instan a fijar normas de supervisión estrictas en las instalaciones sustitutas para evitar la repetición de castigos arbitrarios. El informe de la OIG representa uno de los expedientes más severos emitidos contra la gestión de centros de detención temporal.
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