Una jueza federal dictaminó este martes 30 de julio una orden que suspende temporalmente la deportación rápida de ciertos inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario.
La medida, que afecta particularmente a personas originarias de Venezuela, Cuba y Nicaragua, se presenta como una respuesta judicial a las políticas migratorias implementadas recientemente por la administración Biden.
¿Qué fue lo que sucedió?
La decisión fue emitida en el contexto de una demanda colectiva presentada por grupos de derechos civiles que cuestionaron la legalidad de las deportaciones inmediatas sin brindar el debido proceso a los migrantes beneficiarios del parole.
Según los argumentos presentados, muchos de estos individuos fueron detenidos y enfrentaban una remoción expedita, a pesar de haber ingresado legalmente mediante un permiso temporal humanitario otorgado por el gobierno.
La jueza determinó que, mientras el caso siga en litigio, el Departamento de Seguridad Nacional no podrá continuar con estas expulsiones aceleradas, lo que representa un alivio momentáneo para miles de personas que se acogieron al parole con la esperanza de establecerse legalmente y en condiciones de seguridad en el país.
¿Qué es el parole?
El parole humanitario fue lanzado por el gobierno de Biden como una estrategia para gestionar los flujos migratorios y ofrecer vías legales de ingreso a ciudadanos de ciertos países con crisis humanitarias, de acuerdo con el portal Telemundo.
No obstante, en los últimos meses han surgido tensiones y críticas sobre la manera en que se ha implementado, especialmente en casos donde las autoridades han detenido a beneficiarios del programa sin darles oportunidad de defender su permanencia en Estados Unidos.
¿Qué acarrea esta decisión?
La suspensión temporal de las deportaciones brinda tiempo adicional para que se revisen los procedimientos y se garantice que los derechos de los migrantes no sean vulnerados en el proceso.
Este fallo representa una victoria provisional para defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes continúan exigiendo mayor transparencia y legalidad en las políticas migratorias, particularmente en lo que respecta a los individuos más vulnerables que buscan refugio en Estados Unidos.
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