La Comisión de la Ciudad de Miami ratificó un marco regulatorio que establece nuevas normas de tránsito municipal aplicables a los dispositivos de micro movilidad en todo el territorio de la jurisdicción.
La normativa elimina de forma obligatoria el tránsito de bicicletas eléctricas y patinetas motorizadas sobre la red de aceras urbanas, redirigiendo su circulación hacia las calles, avenidas y carriles habilitados para bicicletas, además de fijar un límite máximo de velocidad de 32 km/h y exigir una edad mínima de 16 años para operar este tipo de vehículos.
"Cualquier residente de la ciudad de Miami sabe que caminar por la acera es un riesgo; cada día vemos más bicicletas eléctricas y patinetas, y las personas a bordo no se comportan debidamente", declaró el comisionado Damián Pardo durante la sesión legislativa.
Motivaciones del dictamen y estadísticas de accidentabilidad
El proyecto fue respaldado dentro del órgano legislativo local por los comisionados Damián Pardo y Rolando Escalona tras evaluar informes del Departamento de Bomberos de la ciudad de Miami.
Las estadísticas oficiales del organismo de socorro registraron más de 600 accidentes vinculados a bicicletas eléctricas en los últimos dos años, a lo que se sumaron siniestros con víctimas mortales reportados en vías públicas del noroeste de la ciudad en semanas recientes.
"Lo que estamos haciendo simplemente es regular para que nuestra comunidad se sienta segura", expresó el comisionado Rolando Escalona al justificar la adopción del paquete de restricciones de movilidad.
Régimen de sanciones e implementación de la ordenanza
El incumplimiento de las nuevas disposiciones será catalogado como una infracción no criminal de tránsito. Las autoridades locales aplicarán penalizaciones económicas que oscilan entre los 100 y 250 dólares por violaciones relacionadas con circular sobre las aceras, exceder los límites de velocidad permitidos o ser operados por menores de 16 años, además de contemplar la inmovilización del vehículo en casos de reincidencia.
La ordenanza completó su etapa de aprobación legislativa y la normativa comenzará a aplicarse en la vía pública en un plazo estimado de diez días contados a partir de su ratificación.
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