Lo primero que hay que entender es que, esta semana, el ayuntamiento de Los Ángeles, California, Estado Unidos (EEUU) aprobó el martes una ordenanza de "Ciudad santuario".
De hecho, anteriormente, Los Ángeles fue designada una Ciudad Santuario por el exalcalde Eric Garcetti a través de una orden ejecutiva, pero se trató de una medida meramente simbólica.
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La actual designación prohíbe el uso de recursos municipales para la aplicación de la ley de inmigración y que las dependencias locales compartan información sobre personas sin estatus legal con las autoridades migratorias federales, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Además, limitaría el acceso a instalaciones municipales para actividades relacionadas con la aplicación de leyes migratorias federales, con el fin de garantizar la seguridad de los inmigrantes.
Aunque las ciudades o estados santuario no son términos legales, han llegado a simbolizar un compromiso para proteger y apoyar a las comunidades de inmigrantes y rechazar la entrega voluntaria de información a la policía migratoria.
Sus defensores aseguran que son refugios para que los inmigrantes se sientan seguros y puedan denunciar delitos sin temor a ser deportados.
Esto se ha decidido como una previsión debido a las promesas de Trump de ir contra los inmigrantes cuando regrese a la Casa Blanca en enero.
California previamente apoyaba a los inmigrantes
Entonces, los concejales votaron unánimemente a favor de la medida, uniéndose a más de una docena de ciudades en EEUU con disposiciones similares.
Sin embargo, la medida volverá al consejo para una segunda votación como formalidad.
Aun así, se ha adelantado que la alcaldesa Karen Bass, quien tiene el poder de vetarla, ha dicho que apoya la ordenanza.
Sin embargo, no está claro cuánto cambiará bajo la ordenanza, ya que la ciudad de antemano no coopera con las autoridades federales migratorias.
Es decir, el Departamento de Policía de Los Ángeles tiene una política que exige que los agentes no pregunten sobre el estatus migratorio de una persona, ni realicen arrestos basados en el estatus migratorio de la persona.
- En 1979 adoptó la Orden Especial No. 40, que prohíbe al Departamento de Policía interrogar a personas por su estatus migratorio.
- En 2018, la Ley de Valores de California (SB 54) limitó aún más la colaboración entre las autoridades locales y federales en materia de inmigración.
De hecho, incluso su nuevo jefe de policía, Jim McDonnell, también se ha comprometido a no cooperar con las deportaciones masivas ni con las agencias federales en asuntos de control migratorio.
Por otra parte, simultáneamente, el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) planea reforzar sus políticas de protección para estudiantes inmigrantes, diseñando planes de acción antes de la nueva administración presidencial.
Con información de La Opinión / Univisión / El Mañana
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