Este año, la temporada estival comienza con nuevas regulaciones más estrictas para garantizar la seguridad de la comunidad en Florida.
La ley SB 212 de Florida, que fue aprobada por el Congreso estatal y firmada por el gobernador, entrará en vigor oficialmente el 1 de julio.
Esta legislación prohíbe que los delincuentes sexuales convictos vivan a menos de 300 metros (1,000 pies) de cualquier piscina pública o de uso comunitario.
El objetivo de esta medida es cerrar vacíos legales anteriores y proteger los espacios donde los menores pasan la mayor parte de su tiempo durante las vacaciones de verano.
Con la implementación de esta norma, el estado refuerza las restricciones de vivienda para este tipo de delincuentes, añadiendo las piscinas a la lista de áreas protegidas que ya incluía escuelas, guarderías y parques infantiles.
Una distancia obligatoria para proteger a los menores en Florida
Según el texto oficial de la ley SB 212, que se puede consultar en el portal del Senado de Florida, las autoridades locales aplicarán la restricción de 300 metros de manera rigurosa.
Esta distancia se medirá en línea recta desde los límites de la propiedad donde vive el agresor registrado hasta el perímetro de la piscina o complejo acuático.
El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE) informa que la base de datos pública de agresores sexuales se actualizará de inmediato para reflejar el cumplimiento de esta nueva normativa.
Según fuentes de la legislatura estatal, las piscinas públicas, los parques acuáticos municipales y las instalaciones recreativas de los complejos residenciales o asociaciones de vecinos (HOA) estarán estrictamente protegidos dentro de este radio de exclusión.
Desde el 1 de julio, se intensificará el monitoreo policial en Florida
Los departamentos de policía y las oficinas de los alguaciles en los 67 condados de Florida ya están coordinando operativos de verificación.
Según la Asociación de Alguaciles de Florida, los oficiales informarán formalmente a los agresores sexuales que están bajo supervisión comunitaria si violan este perímetro, para que puedan comenzar su proceso de reubicación de inmediato.
No cumplir con esta restricción de residencia es una violación grave de los términos de la libertad condicional o del registro obligatorio.
En el sistema penal de Florida, esta falta se considera un delito grave de tercer grado, lo que podría llevar al infractor de vuelta a una prisión estatal de forma inmediata.
Las familias locales pueden verificar el estado de sus vecindarios a través del mapa interactivo que ofrece el FDLE en su sitio web oficial, asegurando así un verano más tranquilo y seguro.
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