Las agencias reguladoras del sistema bancario federal en los Estados Unidos emitieron una nueva directiva orientada a la evaluación del riesgo en los productos de crédito otorgados mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). La guía conjunta, elaborada por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA), instruye a las instituciones financieras a examinar con mayor rigurosidad los préstamos hipotecarios y de vehículos concedidos a personas sin autorización laboral legal en el país.
La disposición técnica aclara que no existe una prohibición para extender financiamiento a ciudadanos que utilicen el ITIN, sino que se establece la necesidad de catalogar la ausencia de estatus legal como un "riesgo crediticio elevado". Los reguladores argumentan que la falta de un permiso de trabajo formal introduce un elemento de incertidumbre sobre la capacidad del prestatario para mantener su empleo de forma continua, generar ingresos estables a largo plazo y cumplir con las obligaciones financieras contraídas.
De acuerdo con las estimaciones del centro de investigación Urban Institute correspondientes a periodos previos, el volumen de hipotecas tramitadas con ITIN se sitúa entre 5.000 y 6.000 operaciones anuales, una cifra menor en comparación con los millones de créditos tradicionales que se procesan en todo el territorio estadounidense. Por su parte, informes de la firma Experian indican que este perfil de prestatarios suele registrar una relación deuda-ingreso promedio del 25 %, manteniéndose históricamente con tasas bajas de impago en cooperativas de crédito especializadas.
La nueva guía responde a las directrices de la orden ejecutiva "Restaurar la integridad del sistema financiero", firmada por el Ejecutivo en mayo, que encomendó a los organismos de control financiero robustecer la supervisión interna. Aunque la normativa no obliga a la cancelación de cuentas existentes ni al rechazo automático de nuevas solicitudes, organizaciones de defensa de los consumidores advierten sobre la posibilidad de que un sector de la comunidad migrante opte por distanciarse del sistema financiero regulado por temor a una mayor fiscalización. Las agencias reguladoras disponen hasta el 18 de julio para publicar orientaciones complementarias referentes a los mecanismos de verificación de identidad aplicados a los usuarios de este documento fiscal.
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