Hacer una denuncia en contra de un inmigrante indocumentado frente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Estados Unidos (ICE) debe ser una decisión concienzuda y responsable, y en algunos estados, como en Illinois, puede acarrear consecuencias negativas si el denunciante es su casero.
Resulta que, recientemente, se conoció sobre el caso de un propietario que denunció a sus inquilinos con el ICE, y que tras años de litigio no ha tenido el “final feliz” esperado por el demandante.
Y es que, en febrero de este año, el casero ha sido sancionado pagar más de 80 mil dólares en daños y perjuicios, así como honorarios y costos de abogados para el inquilino afectado, como lo reseñó el portal de Conexión Migrante.
Aunque este desenlace pueda sonar “sorprendente”, lo cierto es que la decisión de la jueza del Tribunal de Circuito Catherine A. Schneider está justificada bajo las normativas del estado de Illinois.
Manejo de la ley con inquilinos indocumentados en Illinois
Esto se debe a la violación de la Ley de Protección de Inquilinos Inmigrantes (ITPA), la cual prohíbe a los propietarios de Illinois acosar, amenazar o desalojar a los inquilinos debido a su estatus migratorio.
De hecho, la ITPA prohíbe que propietarios exijan a los inquilinos información sobre su estatus migratorio, lo que protege a los inquilinos de ser obligados a revelar información que sea irrelevante para su papel como inquilinos.
Se explica que el objetivo de esta ley es garantizar a todas las personas el derecho a un hogar seguro y estable para construir un futuro mejor para sí mismas y sus familias.
Por lo que dicha normativa insta a los propietarios asumir la responsabilidad de tratar a los inquilinos de “manera humana”, independientemente de su estatus migratorio.
Trascendió que la denuncia realizada fue reconocida como represalia por un desacuerdo sobre las reparaciones del apartamento, lo que llevó al inquilino a detención y una variedad de gastos legales.
Esto, sin mencionar que el propietario tiró las pertenencias del inquilino, lo que le dio aun más “municiones” al Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicoestadounidense (MALDEF) para la demanda en contra del denunciante.
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