Los establecimientos comerciales y plataformas de venta que operan en la ciudad de Nueva York tendrán prohibido ajustar el valor de sus productos o servicios según la información personal de cada comprador.
La normativa fue aprobada este jueves por el Concejo Municipal con un respaldo de 44 votos frente a 5 en contra, estableciendo sanciones económicas de hasta 1.000 dólares por cada infracción detectada en transacciones individuales.
La iniciativa, impulsada por la presidenta del organismo legislativo local, Julie Menin, restringe la práctica conocida como surveillance pricing o precios personalizados en Nueva York, un mecanismo mediante el cual sistemas automatizados calculan tarifas diferenciadas para un mismo artículo a partir del historial de compras, hábitos de navegación, ubicación o datos demográficos del usuario.
Alcance en tiendas físicas y comercio electrónico
La regulación aprobada (identificada como Introducción 891-A) no se limita a las operaciones por internet, sino que abarca todos los canales de venta minorista y prestación de servicios en los cinco distritos de la ciudad. El texto prohíbe tanto fijar tarifas individuales mediante algoritmos como recopilar, retener o compartir datos personales con el fin de alterar el monto final que enfrenta un consumidor.
No obstante, la ordenanza permite a los negocios mantener programas de lealtad transparentes, cupones estándar y descuentos generales dirigidos a grupos específicos —como adultos mayores o veteranos—, siempre que las condiciones de elegibilidad sean públicas y se apliquen de manera uniforme a cualquier cliente que cumpla los requisitos. Asimismo, el texto contempla mecanismos de revisión administrativa para pequeñas empresas y entrará en vigor un año después de su promulgación oficial por parte del alcalde.
Contexto regulatorio en Estados Unidos
Con esta votación, la ciudad de Nueva York se suma a un grupo de jurisdicciones estadounidenses que han aprobado restricciones legales contra la fijación algorítmica de tarifas, entre las que figuran los estados de Connecticut, Maryland y Nueva Jersey, además de la ciudad de Seattle.
De forma paralela, la Legislatura del estado de Nueva York ya aprobó durante este año un proyecto de alcance estatal con un propósito similar, el cual contempla penalizaciones económicas mayores y permanece a la espera de la firma de la gobernadora Kathy Hochul para entrar en vigencia.
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