Una corte federal asestó un revés decisivo al gobierno federal al desestimar la demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) que buscaba anular las restricciones impuestas por Nueva Jersey a los agentes de control migratorio.
La jueza de distrito Georgette Castner concluyó que el estado de Nueva Jersey actúa dentro de sus facultades constitucionales al gestionar el uso de sus propios bienes y recursos públicos, determinando que negarse a colaborar activamente con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no equivale a obstruir la ley.
El origen del conflicto: Orden Ejecutiva 12
El caso legal (United States v. New Jersey) surgió en respuesta a la Orden Ejecutiva 12, firmada en febrero de 2026 por la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill.
La medida frena el uso de instalaciones estatales para fines de control migratorio civil.
Bajo esta norma, los agentes de ICE no pueden acceder a zonas no públicas de propiedades del estado a menos que cuenten con una orden judicial firmada por un juez.
Entre los puntos clave de la orden se destacan:
- Prohibición de bases operativas: ICE no puede utilizar espacios del estado como centro de procesamiento, preparación de operativos o logística.
- Protección de espacios no públicos: áreas privadas de oficinas gubernamentales, centros de salud estatales, guarderías y residencias universitarias públicas quedan fuera del alcance de revisiones sin orden judicial.
- Aviso sobre colaboración civil: se reafirma que los recursos y el personal estatal no se destinarán a tareas de inmigración civil.
El argumento del juez: la doctrina de "no reclutamiento"
El Departamento de Justicia argumentó en su demanda que la orden violaba la Cláusula de Supremacía de la Constitución al obstaculizar el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Sin embargo, la jueza Castner desestimó la querella señalando que los fiscales no demostraron una discriminación ilegal contra el gobierno federal.
En su dictamen, Castner resaltó la doctrina del anticommandeering (no reclutamiento forzoso), indicando que obligar a un estado a poner su infraestructura a disposición del gobierno federal violaría la Constitución al reclutar a los gobiernos locales como agentes federales.
Reacciones oficiales y comunitarias
Tras conocerse el fallo, la gobernadora Mikie Sherrill celebró la resolución judicial asegurando que su administración mantendrá la defensa del estado de derecho y los derechos constitucionales.
Por su parte, la fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, subrayó que el dictamen brinda certidumbre tanto a los empleados públicos como a la comunidad residente.
Asimismo, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Nueva Jersey y organizaciones defensoras de derechos humanos resaltaron que la medida permite a las personas acudir a servicios esenciales -como centros de salud, oficinas de licencias de conducir y universidades- sin temor a ser abordadas en zonas no públicas.
Datos clave para quiénes hacen vida en New Jersey
- ¿Dónde sigue operando ICE?
El fallo no impide que ICE realice operativos en lugares de acceso público general, vías públicas, propiedades privadas con autorización del dueño o instalaciones de jurisdicción exclusivamente federal.
- Portal estatal de reporte ciudadano:
Como parte de las medidas implementadas bajo la Orden Ejecutiva 12, el estado de Nueva Jersey habilitó un portal oficial gestionado por la Fiscalía General (njoag.gov/portal) para que los residentes puedan reportar posibles abusos de autoridad, violaciones de derechos o presencia no autorizada en espacios estatales.
- Mantenimiento de la Directiva del Fiscal General:
El dictamen complementa las directivas locales que limitan la colaboración de la policía estatal y local con las autoridades migratorias civiles, reforzando la separación entre la aplicación de leyes penales locales y el control migratorio federal.
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