El estado de California refuerza de manera contundente la protección a la fuerza laboral sin importar su estatus migratorio.
De acuerdo con las pautas oficiales dictadas por la Oficina del Comisionado Laboral de California (DIR) y el reciente avance del proyecto de ley AB 2495 en la Legislatura estatal, las autoridades buscan frenar cualquier intento de intimidación o represalia en los centros de trabajo mediante fuertes sanciones económicas que alcanzan los $10.000 por infracción.
Cero tolerancia a la intimidación migratoria en el trabajo
Las autoridades laborales de California recuerdan que el Código Laboral del estado (específicamente en sus secciones 90.2, 1019, 1019.1 y 1019.2) prohíbe estrictamente que un patrón utilice el estatus migratorio real o percibido de un empleado para reprimir sus derechos.
Amenazar con llamar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), presentar informes falsos ante agencias gubernamentales o exigir documentos de verificación no requeridos por la ley federal constituyen violaciones graves a la legislación estatal.
Según información del Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), todo trabajador en la entidad goza de los mismos derechos de protección y cobro de sueldos sin importar su estatus legal.
Las empresas de California que violan las normas enfrentan sanciones bastante serias
Los empleadores que se dediquen a prácticas de intimidación o represalias migratorias pueden sufrir consecuencias legales y económicas bastante severas.
Por ejemplo, pueden recibir multas de hasta $10.000 por cada infracción cometida contra un trabajador.
Además, si reinciden en estas prácticas, podrían ver suspendidas sus licencias comerciales por un período que va de 30 a 90 días.
También están obligados a restituir los salarios que se hayan perdido, reinstalar al empleado si fue despedido injustamente y cubrir los costos legales que surjan durante el proceso.
La ley AB 2495 amplía las protecciones existentes en California
Este proyecto de ley, que ya fue aprobado por la Asamblea y el Senado estatal y está en manos del gobernador Gavin Newsom, busca ofrecer un mayor resguardo.
La iniciativa no solo protege a los empleados actuales, sino también a aquellos que han sido despedidos y a los solicitantes de empleo, asegurando que no enfrenten represalias o el uso indebido de herramientas como E-Verify.
Con estas medidas, California reafirma su compromiso de crear entornos laborales seguros y de garantizar que el miedo a acciones migratorias no impida que se denuncien abusos laborales.
Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales
Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube
