Un tribunal federal en Oregón emitió un fallo definitivo que frena de golpe las sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump en torno al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).
La decisión judicial no solo libera a los estados de enfrentar multas millonarias, sino que también zanja una disputa clave sobre los plazos de implementación y los criterios de elegibilidad para ciertos sectores de residentes permanentes legales.
El fallo que frena las penalidades a los estados
La medida emitida por el juez federal de distrito Mustafa Kasubhai convierte en permanente la orden preliminar que se había dictado en diciembre de 2025.
El litigio fue impulsado por una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia -liderada por Oregón y Nueva York-, quienes denunciaron que la implementación de los cambios al programa de ayuda alimentaria se manejó de forma caótica.
El núcleo del conflicto giró en torno a los plazos, tras la aprobación de modificaciones presupuestarias federales en julio de 2025 (conocidas como la ley One Big Beautiful Bill Act), las normativas del programa sufrieron ajustes estrictos.
Sin embargo, la Agencia Federal de Agricultura (USDA) exigió el cumplimiento de un periodo de gracia de 120 días de manera retroactiva, tomando como fecha de inicio el momento en que entró en vigor la ley, pese a que la guía oficial detallada para los estados no se publicó sino hasta finales de octubre de ese año.
El tribunal determinó que la exigencia de la administración federal fue "arbitraria y caprichosa", al colocar a los gobiernos estatales en una situación de "imposibilidad" operativa debido a mensajes confusos y tardíos.
Según las estimaciones de las fiscalías estatales, la imposición de estas multas amenazaba con drenar cientos de millones de dólares de las arcas públicas locales.
Protección a residentes legales y beneficiarios humanitarios
Más allá del alivio fiscal para los estados, el dictamen judicial tiene un impacto directo sobre la población de residentes permanentes legales.
El tribunal rechazó las directrices federales iniciales que excluían de forma indebida del acceso al SNAP a inmigrantes con estatus legal permanente que cuentan con antecedentes humanitarios, tales como antiguos refugiados y personas que obtuvieron asilo político.
Con este fallo se reafirma que:
- Los inmigrantes legales que ingresaron bajo estatus de refugiados o asilados no están sujetos al tradicional periodo de espera de cinco años para solicitar los cupones de alimentos SNAP.
- La decisión judicial aclara los errores y omisiones detectados en las guías publicadas por el Departamento de Agricultura, garantizando que estos grupos mantengan su elegibilidad.
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