La modificación en los requisitos de elegibilidad fijados por el gobierno federal derivó en un descenso del 22% en la cifra de personas registradas en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en Florida entre mayo de 2025 y mayo de 2026.
La tendencia a la baja reflejada en la entidad se alineó con el comportamiento registrado a nivel nacional, donde el total de beneficiarios pasó de 42,2 millones a 36,6 millones de usuarios en el mismo período, de acuerdo con los registros preliminares presentados por las autoridades gubernamentales.
Cambios en las obligaciones de trabajo
El ajuste en la legislación federal amplió los rangos de edad de los adultos asignados a cumplir con jornadas laborales, académicas o de voluntariado para mantener la cobertura alimentaria. Las nuevas disposiciones abarcaron a personas de entre 55 y 64 años previamente exentas, así como a adultos a cargo de menores con edades comprendidas entre los 14 y 17 años.
Permanecen fuera de estas exigencias los ciudadanos de 65 años o más, las personas con diagnósticos de salud limitantes y los representantes con hijos menores de 14 años.
Factores administrativos y temores migratorios
Organizaciones dedicadas al análisis de políticas sociales señalaron que la pérdida de los beneficios respondió en diversos casos a fallas en la entrega de documentación, vencimiento de plazos de verificación y congestión en los sistemas de procesamiento de las agencias estatales. En Arizona, por ejemplo, los obstáculos operativos se relacionaron con una disminución del 55% en sus padrones.
Por su parte, representantes de la red de bancos de alimentos del sur de Florida indicaron que la reticencia a solicitar asistencia pública por temor a fiscalizaciones migratorias figuró entre las causas atribuibles a la baja de usuarios residentes en el estado.
Proyecciones y efectos colaterales
El ritmo de reducción de la matrícula de SNAP superó los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estimaba alcanzar la franja de los 36 millones de beneficiarios hacia el año 2030. La desvinculación de los núcleos familiares del programa afecta de manera indirecta el acceso automático de menores a los planes de alimentación escolar y al programa complementario WIC.
Asimismo, la normativa contempla que a partir de octubre de 2027 los gobiernos estatales deberán asumir parte del financiamiento del programa si sus márgenes de error en los pagos exceden el 6%.
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