El Departamento de Justicia de Estados Unidos implementa la mayor expansión de su cuerpo de magistrados al incorporar 77 jueces permanentes y cinco temporales, una cifra que eleva el total nacional a 700 funcionarios en un intento por desatascar los tribunales de inmigración.
Esta adición eleva el número total de contrataciones fijas a 153 en el presente año fiscal, un récord histórico para la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) según publica Diario Las Américas.
La administración actual destaca que estas adiciones permitieron disminuir la carga acumulada de aproximadamente 4 millones a 3,53 millones de expedientes rezagados, lo que representa un alivio frente a la saturación extrema del sistema judicial fronterizo estadounidense.
Solicitudes atascadas
A pesar del despliegue masivo de personal, la acumulación de expedientes mantiene en vilo a millones de personas.
Esto debido a que la organización Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse registra todavía 3.288.186 casos pendientes, entre los cuales figuran 2.318.797 solicitudes de asilo sin resolver.
Este colapso administrativo provoca que los migrantes sufran esperas de hasta una década para recibir un veredicto definitivo sobre su estatus legal.
Advertencias legales
Expertos legales advierten un impacto importante en el derecho a la defensa legítima, puesto que las autoridades priorizan de forma acelerada los casos de detenciones recientes o expedientes con antecedentes penales, lo que apresura las órdenes de deportación expedita en detrimento de un análisis exhaustivo y especializado.
La crisis golpea con especial dureza al estado de Florida, región que encabeza el retraso nacional con 518.639 peticiones paralizadas, una cifra que casi duplica los registros que mantenían las cortes locales en años anteriores.
Nacionalidades más afectadas
Dentro de este colapso en los tribunales de Miami y otras localidades de Florida, la comunidad de origen cubano lidera la lista de espera con más de 90.000 solicitudes.
Este grupo es seguido de cerca por ciudadanos de Haití, Venezuela, Nicaragua y Guatemala, a quienes se suman de forma inusual miles de solicitantes de nacionalidad rusa.
Mientras los sectores civiles denuncian que la falta de experiencia de los nuevos jueces agrava las tasas de denegación y autodeportación, la Casa Blanca defiende las nuevas directrices como una restauración del Estado de Derecho frente al abuso del sistema de asilo.
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