Con la firma del gobernador Greg Abbott, la Ley HB21 entra en vigencia en Texas, con la promesa de revolucionar el panorama de la vivienda asequible.
Esta nueva normativa está diseñada para garantizar una mayor rendición de cuentas y un escrutinio más estricto sobre las entidades que financian viviendas.
Al establecer límites importantes y reglas definidas para los desarrollos residenciales, la ley alterará el sistema de incentivos fiscales y bonos, especialmente para aquellos proyectos que benefician a hogares de ingresos bajos y moderados.
A pesar de que esta legislación fue concebida para mejorar la disponibilidad de vivienda, introduce desafíos para quienes desarrollan y financian estos proyectos. Proseguiremos con una explicación de la nueva ley y su impacto en la población de Texas, reseña La República.
¿De qué trata la ley HB 21, que beneficia la compra de vivienda asequible, recién aprobada por el gobernador de Texas?
Con la Ley HB21, el Capítulo 394 del Código de Gobierno Local de Texas experimenta cambios significativos en la calificación de proyectos de vivienda asequible.
El umbral para obtener beneficios de exenciones fiscales y bonos es ahora mucho más estricto: un mínimo del 90% de las unidades debe ser para familias de ingresos bajos o moderados, calculados según el ingreso medio del área (IMA).
La ley también refuerza la transparencia y supervisión de las corporaciones de financiación de vivienda (CFV). Sus registros y actividades ahora están sujetos a leyes de acceso público, como las de reuniones abiertas y registros públicos.
Esto significa que cualquier persona puede examinar sus decisiones y procesos, garantizando una gestión más clara de los proyectos de vivienda.
¿Qué residentes de Texas se verán beneficiados tras la aprobación de esta ley?
Con la Ley HB21, Texas pone el foco en las familias de ingresos bajos y moderados, asegurando que los nuevos proyectos de vivienda prioricen sus necesidades.
Un cambio clave es que al menos la mitad (el 50%) de las unidades en desarrollos multifamiliares deben reservarse para hogares cuyo ingreso no exceda el 80% del ingreso medio del área, con el fin de ampliar el acceso a viviendas dignas para quienes más lo necesitan.
Los efectos positivos específicos de la Ley HB21 son:
Aumento de la transparencia en la administración de las CFV, al exigirles una rigurosa divulgación de documentos y la apertura de sus reuniones al público.
Límites geográficos para las CFV, que solo podrán operar en la zona de la entidad (municipio o condado) que las respalda, frenando su crecimiento descontrolado sin aval gubernamental.
Endurecimiento de las condiciones para recibir bonos y exenciones fiscales, eliminando estos incentivos para los proyectos que no cumplan con las nuevas reglas de asignación de ingresos.
Más allá de beneficiar directamente a las familias de ingresos bajos y moderados, esta legislación también busca evitar la segregación o cualquier forma de discriminación indirecta, garantizando que todas las viviendas en un complejo ofrezcan la misma calidad y acceso a servicios.
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