El Servicio de Rentas Internas (IRS) aplica criterios de elegibilidad que excluyen de forma recurrente a millones de residentes del cobro de ayudas financieras. Los análisis sobre los tres pagos federales aprobados entre 2020 y 2021 confirman que los extranjeros sin autorización laboral casi nunca reciben los cheques de estímulo en Estados Unidos.
La falta de un Número de Seguro Social (SSN) válido constituye la principal traba legal para acceder a estos beneficios. Las normativas aprobadas en los paquetes económicos anteriores dejaron fuera a los contribuyentes que declaran sus impuestos mediante un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
Las estadísticas tributarias revelan que los techos de ingresos anuales también eliminaron de las listas a miles de familias con estatus legal. Los pagos de apoyo financiero se reducían paulatinamente según la tabla salarial de la ley hasta desaparecer por completo al superar los límites fijados.
Asimismo, las personas dependientes y quienes omitieron la declaración anual de impuestos perdieron la oportunidad de cobrar el saldo correspondiente. "Tener un número ITIN no garantiza el acceso a la ayuda porque la norma prioriza la autorización para trabajar", explicaron los asesores tributarios de la entidad.
Los analistas recuerdan que los cheques de estímulo en Estados Unidos no funcionan como un programa de asistencia social universal. Cada proyecto legislativo establece topes de ganancia muy específicos que restringen la entrega de cheques a los sectores de mayores ingresos.
¿Qué factores determinan calificar para los cheques de estímulo?
Las personas que aspiran a recibir futuros subsidios deben mantener la información de sus cuentas bancarias actualizada ante las autoridades tributarias. La presentación puntual de la planilla de impuestos permite al organismo fiscal verificar la residencia y la composición del grupo familiar.
Por su parte, los grupos de ayuda comunitaria exigen al parlamento incluir a las familias de estatus mixto en las próximas discusiones presupuestarias. Los activistas argumentan que los trabajadores con asignaciones ITIN aportan miles de millones de dólares a las arcas públicas del país.
La posibilidad de un nuevo pago depende de las negociaciones políticas entre las bancadas de la Cámara de Representantes y el Senado. Los ciudadanos deben cumplir con los requisitos fiscales mínimos para optar por cualquier beneficio que aprueben los legisladores durante este período.
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