El gobierno de Estados Unidos impulsa una norma que exige un arancel de 70 mil dólares a estudiantes internacionales para acceder a permisos laborales tras concluir sus carreras académicas. La medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) traslada el cobro directo a las universidades por cada solicitud procesada.
Según Telemundo, el proyecto regulatorio establece además una tarifa adicional de 30 mil dólares por cada renovación anual del permiso de trabajo. La iniciativa gubernamental impacta al programa de Capacitación Práctica Opcional (OPT), mecanismo clave utilizado por profesionales extranjeros graduados en instituciones norteamericanas.
El DHS justificó la regulación como una herramienta fiscal para frenar el fraude en el sistema de visas de estudiante y proteger el mercado laboral interno. Sin embargo, la propuesta genera alarma en el sector educativo por el freno que impondrá a la contratación de egresados de alta calificación.
¿Cómo afecta a las universidades el arancel de 70 mil dólares?
Fanta Aw, directora ejecutiva de la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA), advirtió que la norma socava la competitividad global de Estados Unidos. "Ahuyentar el talento y las aspiraciones de los estudiantes internacionales solo perjudicará la innovación estadounidense y el desarrollo de la fuerza laboral", declaró la vocera institucional.
Expertos legales aseguran que muy pocas academias dispondrán de recursos para financiar montos de esa magnitud por graduado. La carga financiera obligará a cientos de instituciones educativas a cancelar los convenios corporativos que facilitaban las prácticas profesionales de sus exalumnos.
Representantes de empresas de tecnología e ingeniería señalan que la medida reducirá la llegada de profesionales de áreas de ciencia y matemáticas. El costo excesivo ahuyentará a los mejores perfiles hacia países con políticas de visado más flexibles.
¿Qué pasará con la aplicación del arancel para estudiantes internacionales?
Un tribunal federal frenó temporalmente la entrada en vigor de normativas migratorias similares promovidas por la Casa Blanca. La resolución de los jueces mantiene en pausa la ejecución de cobros extraordinarios hasta completar la revisión constitucional de los reglamentos.
Organizaciones comunitarias y gremios universitarios alistan demandas administrativas para invalidar el requisito arancelario antes de su publicación definitiva. Los litigantes argumentan que el gobierno carece de facultad legal para imponer tarifas punitivas sin aprobación del Congreso.
Los jóvenes con visa F-1 deberán dar seguimiento a los boletines oficiales para conocer la evolución del litigio judicial. La permanencia legal de miles de profesionales hispanos dependerá de los fallos emitidos por las cortes en los próximos meses.
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