El Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que el estado violó los derechos constitucionales de las reclusas en dos penales femeninos. La investigación oficial determina que las autoridades no protegieron a las prisioneras frente a la violencia y explotación por parte del personal de custodia.
Las conclusiones confirman que EEUU responsabiliza a California por abusos sexuales en dos prisiones de mujeres de forma directa. El portal Swissinfo y agencias internacionales informaron los hallazgos tras las inspecciones en la Institución de Mujeres de California y el Centro Femenil del Sur.
Las pesquisas documentan décadas de conductas indebidas por parte de oficiales que utilizaron su poder para coaccionar a las víctimas. Las denuncias abarcan desde tocamientos no consentidos hasta agresiones físicas graves dentro de las instalaciones.
"Las reclusas sufrieron abusos atroces mientras el Estado ignoró las alertas del personal y los informes de las víctimas", declararon voceros del Departamento de Justicia.
Las cifras oficiales señalan que más de 100 empleados enfrentan investigaciones internas o procesos penales por estos hechos. No obstante, las autoridades federales afirman que las medidas correctivas locales resultaron insuficientes.
¿Qué exigencias establece la investigación en California por abusos sexuales?
El gobierno federal exige la aplicación inmediata de reformas estructurales en el sistema penitenciario del estado para garantizar la seguridad de la población. Las recomendaciones incluyen la instalación masiva de cámaras de vigilancia y la presencia de supervisores independientes en todos los pabellones.
Además, el Estado debe habilitar líneas telefónicas confidenciales para la recepción de denuncias. Las autoridades de California expresaron su disposición para colaborar con los fiscales federales y corregir las fallas en los protocolos de control.
Sin embargo, si la gobernación no cumple con las demandas en el plazo fijado, el gobierno federal presentará una demanda civil ante las cortes. La intervención judicial busca establecer la supervisión externa permanente de ambos recintos.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos respaldaron el informe y exigieron la reparación económica para las víctimas de agresiones. Diversos colectivos exigen también el traslado de las denunciantes a zonas seguras para evitar represalias por parte de los guardias.
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