La declaración de culpabilidad firmada por cinco miembros de una estructura de tráfico de cocaína confirmó el uso de embarcaciones de pesca registradas en Estados Unidos para ingresar más de 3.500 kilogramos de droga al estado de Florida, en operaciones marítimas coordinadas desde el Caribe.
Modus operandi y estructura de la organización
El expediente tramitado en la Corte del Distrito Sur de Florida precisa que el grupo criminal operó durante al menos dos años utilizando barcos modificados con compartimentos ocultos. La ruta logística iniciaba con la salida de los cargamentos desde República Dominicana, realizaba una escala de transbordo en aguas de las Bahamas y concluía en la costa floridana.
Las investigaciones del Homeland Security Task Force identificaron a Andy Gabriel Mercedes-Hernández como el financiador de la red, encargado de adquirir los navíos y coordinar la logística. La estructura contaba además con Jesús Alberto Salcedo-Pérez en la gestión administrativa, Keisy Estibet Peguero en la custodia del producto, y la dupla integrada por Enmanuel Amauris Rivera-Cabrera y Mario Joel Rijo-Jiménez como capitanes de las embarcaciones.
Cronología de envíos e incautaciones
Las pesquisas de las agencias federales documentaron tres traslados principales: 1.600 kilos en la nave M/V Mysterry a mediados de 2023, 900 kilos en el M/V Maple Leaf en diciembre de 2024 y 1.000 kilos en el M/V Daviniki entre julio y agosto de 2025. El valor comercial acumulado de la sustancia incautada asciende a 31 millones de dólares.
La investigación contó con la participación conjunta de la DEA, la Guardia Costera de Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Homeland Security Investigations y la policía de Sunny Isles Beach.
Marco penal y estatus del proceso
Los cinco acusados se declararon culpables del delito de conspiración para importar más de cinco kilogramos de cocaína bajo el expediente 26-cr-20092. La legislación estadounidense establece para este cargo una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua. La audiencia de lectura de sentencia se fijó para las próximas semanas.
La causa judicial inició a raíz de las operaciones de interdicción marítima desplegadas por el grupo de trabajo federal en el corredor del Caribe. Tras la interceptación de las naves y el posterior decomiso del cargamento, la fiscalía presentó los cargos formales que derivaron en la admisión de responsabilidad por parte de los cinco procesados.
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