Fiscalía evalúa las condenas para los dueños de la funeraria de South Chicago: profanaron 57 cadáveres

Permanecían almacenados sin identificación en avanzado estado de descomposición 

Sabado, 08 de agosto de 2026 a las 09:59 pm
Fiscalía evalúa las condenas para los dueños de la funeraria de South Chicago: profanaron 57 cadáveres

La Oficina del Médico Forense del Condado de Cook inició una averiguación tras el descubrimiento de más de 50 cadáveres en avanzado estado de descomposición en las instalaciones de la funeraria South Chicago, según confirmaron fuentes oficiales de la jurisdicción.

La funeraria South Chicago (South Chicago Funeral Home) se encuentra ubicada en 8341 S. Commercial Ave, Chicago, IL 60617, en el barrio de South Chicago, en el lado sur (South Side) de la ciudad, dentro del condado de Cook, Illinois.

La funeraria pertenece al matrimonio conformado por:

  • Johanna Morgan: Se desempeñaba como la directora de la funeraria. El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois (IDFPR) le suspendió la licencia tras constatar que mantenía los cuerpos sin refrigeración en condiciones con presencia de roedores y larvas.

  • Clark X. Morgan: Aparece en los registros de la secretaría de Estado como el presidente de la empresa. Su licencia como director de servicios funerarios había sido revocada en 2024 por negligencia profesional y por operar con la acreditación vencida.

La pareja ya operaba anteriormente el crematorio Heights Crematory en Chicago Heights, el cual fue clausurado y privado de su licencia tras hallarse cadáveres almacenados sin refrigeración y cientos de cenizas que nunca fueron entregadas a sus familiares.

El estado de Illinois no realiza inspecciones de rutina periódicas en las funerarias a menos que reciba una denuncia formal. La instalación operó sin supervisión directa desde las sanciones previas hasta que la acumulación de olores y las quejas de los vecinos forzaron la intervención policial.

Identificación de restos y notificación a familiares

El personal forense fue alertado sobre la situación dentro del recinto, donde se contabilizaron al menos 57 cuerpos. Los equipos de la agencia evalúan la documentación médica existente y los certificados de defunción para precisar la identidad de cada persona. Las autoridades indicaron que el proceso de cotejo de datos requerirá varios días antes de contactar a los parientes de los fallecidos y coordinar la disposición final de los restos.

No se trataba de delincuentes ni de un perfil criminal. Los cadáveres correspondían a personas del entorno local cuyos familiares contrataron y pagaron los servicios funerarios o de cremación en dicho establecimiento. En la lista de fallecidos había ancianos, adultos que murieron por causas naturales e incluso fetos y bebés nacidos muertos que las familias enviaron para su incineración o sepultura.

Las familias confiaron en el establecimiento y fueron víctimas de un engaño operativo por parte de los dueños.

Reacciones de los habitantes de la zona

Residentes del sector manifestaron haber detectado olores irregulares procedentes del inmueble durante las semanas previas a la intervención de los organismos de seguridad. Sobre el hedor emanado de la estructura, una vecina del lugar declaró ante la cadena CNN:

"Apesta todo el tiempo. Es horrible".

Por su parte, otra de las residentes de la zona señaló al canal ABC 7 de Chicago que el olor persistente en el área era

"como de ratón muerto".

Posibles condenas que recibirán 

En Illinois, la mutilación o el trato despectivo e ilegal de un cuerpo humano (abuse of a corpse / desecration of human remains) se clasifica como un delito grave de Clase 2 o Clase 3. Cada cuerpo hallado en condiciones de descomposición por negligencia representa un cargo individual. Al tratarse de 57 cadáveres, la acumulación de penas por múltiples cargos de este tipo puede sumar sentencias de 10 a 30 años de cárcel. Debido a que el monto total defraudado supera los 100.000 dólares combinados, el delito escala a Grave de Clase 1. Este cargo conlleva una pena individual de 4 a 15 años de prisión, además de la obligación de pagar restitución financiera a todas las víctimas.

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