Tres miembros de la banda criminal transnacional Mara Salvatrucha-13 (MS-13) fueron acusados del asesinato de un expandillero de la misma pandilla, quien cooperaba con las autoridades en un caso federal de crimen organizado y tráfico de drogas.
Uno de los acusados, Roberto Carlos Aguilar, es un inmigrante ilegal procedente de El Salvador, informó el medio The Epoch Times.
Aguilar, de 30 años y residente en el sur de Los Ángeles, fue acusado en una denuncia federal independiente de asesinato en apoyo al crimen organizado.
Los otros dos acusados están identificados como Dennis Anaya Urias, de 26 años de edad; y Grevil Zelaya Santiago, de 25 años. Ambos están acusados en una denuncia federal de asesinato en apoyo del crimen organizado, un delito grave que conlleva una pena obligatoria de cadena perpetua en una prisión federal y la posibilidad de la pena de muerte.
Urias es residente legal permanente en EEUU y Santiago presentó una solicitud de visado, la cual estaba pendiente.
Un juez federal ordenó su detención sin fianza y fijo la lectura de cargos para el 3 de junio.
Según los documentos judiciales, Urias y Santiago presuntamente dispararon y mataron a la víctima en una tienda de comestibles del sur de Los Ángeles, el 18 de febrero.
La condición de colaborador del gobierno del agredido era bien conocida por la banda MS-13.
Los fiscales federales afirmaron que esta condición sometía a la víctima a una orden de “luz verde” que lo convertía en objetivo de asesinato por parte de los miembros de la pandilla.
El día de los hechos, Urias y Aguilar pactaron un encuentro dentro de la tienda de comestibles, una hora antes de la muerte de la víctima.
El 18 de febrero, la víctima realizó dos llamadas telefónicas a las autoridades y dijo que se encontraba en una tienda de comestibles en el sur de Los Ángeles, donde miembros de la MS-13 acababan de atentar en su contra.
Dijo a las autoridades que hablo con los pandilleros cuando un hombre, cuyo rostro estaba cubierto, se le acercó e intentó dispararle, pero el arma no disparó. Sin embargo, durante la segunda llamada telefónica, se escucharon varios disparos.
La fiscalia afirmó que Aguilar, Urias y Santiago presuntamente evitaron ser sancionados o mejoraron su estatus dentro de la banda al asesinar a la víctima.
El FBI y el Departamento de Policía de Los Ángeles investigan el caso.
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