Una acción legal interpuesta ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas enfrenta a las autoridades de Minnesota con el gobernador Greg Abbott.
El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, acudió a la instancia judicial para exigir el traslado de Christian Castro, exfuncionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), imputado por presuntos delitos con arma de fuego durante un procedimiento en Minneapolis.
Detalles del venezolano
En relación con el venezolano mencionado en el caso, fue identificado como Julio César Sosa-Celis. Resultó herido de bala en una pierna durante el procedimiento del 14 de enero en Minneapolis.
La primera reconstrucción presentada por los agentes federales indicaba que Sosa-Celis y otro hombre salieron de una vivienda y atacaron a un agente con una escoba y una pala para nieve, mientras que el agente de ICE intentaba detener a un tercer individuo identificado como Alfredo Alejandro Aljorna.
Tras cuestionamientos presentados por la familia de Sosa-Celis, derivó en la suspensión de dos funcionarios de inmigración y en la formulación de cargos penales contra el exagente Christian Castro por disparar hacia el interior de la vivienda.
Cargos penales contra el exagente
Castro permanece privado de libertad en una instalación del condado de Cameron, Texas, tras ser imputado formalmente en mayo por cuatro cargos de agresión y uno por reporte falso. La representación fiscal sostiene que el procesado detonó su arma reglamentaria hacia el interior de un inmueble habitado durante un despliegue operativo realizado el 14 de enero.
La presentación judicial incluye una solicitud de orden de restricción temporal dirigida a la Oficina del Sheriff local. El recurso busca evitar la liberación del imputado, la cual podría concretarse a partir del 26 de agosto bajo las normativas del estado de Texas si no se ratifica el procedimiento de traslado.
Castro enfrenta cuatro cargos de agresión en segundo grado (Second-Degree Assault). En Minnesota, este delito se define como una agresión ejecutada con un arma peligrosa. Cada cargo de agresión en segundo grado contempla una condena de hasta 10 años de prisión y/o una multa de hasta $20.000 dólares. Al haber disparado directamente contra una estructura o vivienda a sabiendas de que estaba ocupada, las pautas de sentencia (Sentencing Guidelines) del estado suelen contemplar penas de prisión de cumplimiento efectivo sin opción a libertad condicional inmediata.
Además de las agresiones, se le imputa un cargo por denunciar o reportar falsamente un delito (Filing a False Police Report / False Information to Law Enforcement). Dependiendo de si la falsa declaración interfirió en una investigación de delito mayor (felony), la sanción puede ir desde penas menores de cárcel (hasta 90 días o 1 año) hasta condenas de 3 a 5 años de prisión si se comprueba perjurio o falsedad ideológica en documentos oficiales.
Si Castro es extraditado a Minnesota, hallado culpable en un juicio y el juez determina que las condenas se cumplan de manera consecutiva (sumando cada delito por separado), la pena máxima teórica podría superar los 40 años de cárcel. Si el tribunal dictamina que las penas se cumplan de forma simultánea (concurrente), la condena principal se fijaría con base en el cargo más grave, que oscilaría entre 7 y 10 años de prisión de cumplimiento efectivo.
Origen de las investigaciones y otros procesamientos
Los hechos se originaron en un operativo denominado Operation Metro Surge, el cual el gobierno federal justificó como una medida para combatir la delincuencia organizada y ubicar a personas con antecedentes o con órdenes de deportación pendientes en el estado de Minnesota. La versión inicial del Departamento de Seguridad Nacional señalaba que los agentes fueron agredidos con objetos contundentes, versión que fue modificada tras la apertura de una investigación por presunto falso testimonio que derivó en la suspensión de dos funcionarios federales.
Las averiguaciones penales de Minnesota también abarcan a otros efectivos de la misma entidad, como el agente Gregory Donnell Morgan Jr., procesado por cargos de agresión en segundo grado tras un incidente registrado en una autopista en febrero.
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