Autoridades de Estados Unidos buscan a una pareja acusada de participar en un esquema millonario de fraude con préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). LA operación ilícita involucró solicitudes fraudulentas relacionadas con más de 100 inmigrantes cubanos.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, anunció una nueva ofensiva contra el fraude cometido con fondos federales durante la pandemia.
Según CBS News, un gran jurado federal del Distrito Norte de Iowa acusó a Adrián Rafael Pupo Pérez y Helen Yaima Leyva Santiesteban de 47 cargos por fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración.
Pareja vinculada con el fraude huyó de Estados Unidos
Ambos permanecen prófugos, de acuerdo con el Departamento de Justicia. “Esta pareja huyó del país y permanece prófuga, pero estamos trabajando arduamente para traerla de regreso”, afirmó Blanche.
Los fiscales detallaron que Pupo Pérez, Leyva Santiesteban y más de 100 personas participaron en un esquema que involucró aproximadamente 470 solicitudes fraudulentas del PPP, presentadas a nombre de personas ubicadas en distintos lugares de Estados Unidos.
El objetivo era obtener más de 4.5 millones de dólares en fondos públicos, de los cuales los implicados obtuvieron 2.4 millones.
El fiscal general estadounidense explicó que se presentaron o intentaron obtener préstamos fraudulentos “en nombre de más de cien inmigrantes de Cuba”. Señaló que en las solicitudes se afirmaba falsamente que esas personas trabajaban por cuenta propia y que cada una había obtenido aproximadamente 100 mil dólares en ingresos brutos durante 2019, antes de la pandemia.
Sin embargo, no se trataba de trabajadores por cuenta propia, sino que eran obreros de una planta procesadora de carne del norte de Iowa, entre otros empleos de esa región.
Utilizaron identidades de más de 100 inmigrantes
Uno de los procesados dentro de la misma causa federal fue el cubano Yovany Ciero, exsargento de las Fuerzas Armadas de Cuba y trabajador de una planta procesadora de carne en Algona, Iowa.
Ciero fue declarado culpable en mayo de 2025 de tres cargos de fraude electrónico, 23 de lavado de dinero, uno por realizar una transacción monetaria con bienes derivados de una actividad ilícita y otro de conspiración para lavar dinero.
Anteriormente, el Departamento de Justicia explicó que Ciero era uno de seis intermediarios o del esquema. Su función consistía en reclutar personas, obtener sus datos personales para las solicitudes fraudulentas y entregar esa información a quienes presentaban las peticiones ante las entidades financieras participantes en el PPP.
Ciero fue sentenciado en diciembre de 2025 a cuatro años de prisión federal y al pago de 212 mil 293 dólares en restitución.
Actualmente, las autoridades indicaron que existen casos contra más de 160 acusados relacionados con aproximadamente 245 millones de dólares en pérdidas previstas para los contribuyentes.
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