Una empresa conjunta entre Venezuela y China se ha derrumbado a raíz de las sanciones de Estados Unidos, lo que provocó que la nación sudamericana perdiera tres superpetroleros, en un momento en que muchos cargadores extranjeros se muestran reacios a transportar su crudo, según muestran documentos judiciales.
PetroChina Co Ltd, que había sido socio de la estatal Petróleos de Venezuela en la empresa conjunta CV Shipping Pte Ltd, con sede en Singapur, tomó el control de los tres petroleros entre enero y febrero, según los documentos de un tribunal de Singapur revisados por Reuters.
La transferencia de los transportadores de crudo de gran tamaño (VLCC, por sus siglas en inglés) Junín, Boyacá y Carabobo no se había informado anteriormente.
La operación se produjo después de que las sanciones de Estados Unidos a PDVSA dejaron a los buques sin seguro, lo que provocó pérdidas de millones de dólares para CV Shipping y llevó a PetroChina a declararla en quiebra.
La pérdida de PDVSA de los tres petroleros se produce cuando depende más que nunca de su flota interna. Washington está intensificando su campaña de presión para provocar la salida del cargo del presidente venezolano, Nicolás Maduro, al sancionar a buques de terceros que transportan el petróleo de la nación de la OPEP.
Desde entonces, China ha reducido drásticamente el apoyo a Caracas, contribuyendo al colapso económico de la nación sudamericana. "El propósito fundamental de esta empresa conjunta ya se ha roto irremediablemente", escribió Xia Hongwei, ejecutivo de PetroChina, en una carta del 17 de septiembre de 2019 a los ejecutivos de PDVSA e incluida en los documentos judiciales. Ni PetroChina ni PDVSA respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.
Según Reuters, Petrochina intentó colocar a CV Shipping en una liquidación administrada por un tribunal en Singapur en enero de 2020, aproximadamente un año después de que Washington sancionó por primera vez a PDVSA para tratar de cortar los ingresos petroleros a Maduro.
SIN SEGURO, CUENTAS CONGELADAS
Las sanciones desencadenaron una cascada de problemas en la empresa. La aseguradora Standard Club, con sede en Bermudas, revocó el seguro de protección e indemnización (P&I) para los cuatro barcos en mayo del año pasado, según muestran las cartas incluidas en los registros judiciales.
El corredor de seguros de CV Shipping, Willis Towers Watson, explicó en un correo electrónico, incluido en los archivos del caso, que Standard Club tomó esa decisión porque "no quería estar expuesto al riesgo de ser o estar sujeto a sanciones". Standard Club declinó hacer comentarios.
La ley de Singapur requiere que los buques tengan un seguro P&I para zarpar, de modo que ese movimiento hizo que los petroleros no pudieran navegar efectivamente, según una declaración jurada escrita por un abogado de PetroChina.
Además, los bancos de CV Shipping congelaron las cuentas de la compañía y los administradores de los barcos advirtieron que pronto cancelarían sus contratos, de acuerdo a la declaración jurada.
CVS, que registró ganancias anuales que oscilan entre 600.000 dólares y 14 millones de dólares por operar los buques entre 2013 y 2018, rápidamente se encontró perdiendo 500.000 dólares por mes ya que tuvo que pagar las tarifas de administración y el combustible, a pesar de que los barcos no podían obtener ingresos mediante el transporte de petróleo, muestra la declaración jurada.
Para detener las pérdidas, PetroChina propuso en junio de 2019 poner fin a la empresa CV Shipping y dividir los cuatro buques entre las dos empresas. PDVSA se había hecho cargo de la gestión del Ayacucho en junio de 2019 mientras estaba en aguas venezolanas, según un aviso a su anterior gerente y parte del expediente. En un correo electrónico del 28 de junio a los ejecutivos de PDVSA, Xia describió esta medida como "unilateral", pero no obstante propuso que la empresa se quedara con el buque y el Carabobo, dejando el Junín y el Boyacá a PetroChina.
Las acciones de Ayacucho y Junín fueron transferidas a PDVSA y PetroChina, respectivamente, el 17 de enero de 2020. PDVSA pagó 17,8 millones de dólares por acciones del Ayacucho, mientras que PetroChina pagó 13,8 millones de dólares por las acciones de Junín, según un acuerdo de compraventa incluido en el expediente judicial, publicado por Reuters.
Los pagos fueron deducidos de un préstamo de los dos accionistas a CV Shipping. Pero las dos partes no pudieron llegar a un acuerdo para los dos buques restantes, lo que llevó a PetroChina a solicitar que CVS fuera puesto en liquidación, una medida autorizada rápidamente por los tribunales de Singapur. El liquidador designado propuso una subasta de los dos petroleros restantes entre las dos empresas, y pidió pruebas de fondos suficientes, que PDVSA dijo que no podía proveer debido a las sanciones.
"Por fuerza mayor, expresada en las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos de América en nuestro nombre, que es pública y reconocida, no podemos indicar una cuenta bancaria", escribió al liquidador Oswaldo Vargas -quien dirigió la división marítima de PDVSA, PDV Marina, el 22 de febrero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que aplica las sanciones, no respondió a una solicitud de comentarios. Vargas fue destituido y arrestado por las autoridades venezolanas por acusaciones de complicidad con el contrabando de combustible en marzo.
El liquidador, actuando en nombre de CV Shipping, posteriormente llegó a un acuerdo en una negociación privada con PetroChina para vender las acciones de Carabobo y Boyacá, por 1 dólar de Singapur (0,7287 por dólar) cada una, después de que PetroChina acordó pagar la deuda entre las empresas matrices de las dos embarcaciones que adeudaban a CV Shipping alrededor de 53 millones de dólares.
2020-08-12
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