Defensores de animales y activistas denunciaron la semana pasada, en la parroquia La Pastora de Caracas, el presunto sacrificio irregular de "Sami", un perro border collie de 10 años que padecía ceguera, a solo tres días de haber sido dado en adopción. El hecho desató indignación pública e impulsó exigencias de investigación formal sobre los vacíos en los protocolos de eutanasia y la protección de la fauna doméstica.
De acuerdo con testimonios difundidos por la proteccionista Sandra Caro, el canino fue entregado en adopción el pasado 12 de octubre. Sin embargo, a las 72 horas la adoptante informó haberlo "dormido" bajo el argumento de que padecía un tumor cerebral y sufrió varias convulsiones, versión desmentida categóricamente por sus cuidadores previos, quienes afirmaron que el perro jamás presentó tal síntoma durante su estancia en el refugio.
El trágico desenlace reavivó el debate nacional sobre los límites legales del sacrificio animal, incluyendo las controversias en torno a los rituales religiosos. Al respecto, registros de la Alianza por la Vida y la Salud de los Animales (Avisa) e informaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recogen la pugna entre el derecho constitucional a la libertad de culto y las demandas de organizaciones que exigen prohibir las ofrendas con faunas vivas por constituir actos de crueldad.
Frente a esta coyuntura, la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.338 el 4 de enero de 2010, establece en su artículo 3 el deber de garantizar la integridad de los animales sin maltrato ni sufrimiento. Asimismo, su artículo 6 estipula de forma definitiva que cualquier procedimiento de "sacrificio sin dolor" o eutanasia debe ser practicado estrictamente por un médico veterinario colegiado, motivado exclusivamente por causas médicas terminales o dolor e incapacidad irreversibles.
Cualquier procedimiento ejecutado fuera de estas previsiones clínicas o por motivaciones ajenas a la salud del ejemplar es catalogado en el artículo 72 de la mencionada norma como una infracción grave o muy grave sancionable con multas y responsabilidades penales. Por ello, las organizaciones protectoras instan al Ministerio Público y a las unidades de gestión municipal a investigar y actuar sobre el caso de "Sami" para sentar un precedente contra la crueldad animal.