El equipo de la Defensoría del Pueblo de Carabobo, en una alianza estratégica con el Colegio de Psicólogos de la entidad, inició un programa de abordaje clínico e institucional en la población de Morón, municipio Juan José Mora.
La medida busca estabilizar emocionalmente a 147 niños, niñas y adolescentes que sufrieron traumas derivados del doble terremoto que sacudió la franja norte costera del país, revela una NDP.
El contingente, integrado por 16 profesionales especializados en salud mental, evaluó y brindó contención terapéutica directa a 79 niñas y 68 niños en edades comprendidas entre los 0 y 17 años.
Los especialistas mantendrán un esquema de consultas periódicas según los niveles de ansiedad o estrés postraumático detectados en el diagnóstico inicial.
Caracterización social en 89 comunidades y ocho comunas
De forma paralela al soporte psicológico, los funcionarios defensoriales coordinaron con diversas instituciones del Estado para ejecutar un censo y caracterización integral en 89 comunidades organizadas que conforman un total de ocho comunas.
El propósito central de esta auditoría social consistió en certificar el estado real de la infraestructura de las viviendas particulares y el funcionamiento de los servicios públicos básicos en la zona costera.
Desde la noche del desastre natural el pasado 24 de junio, los defensores delegados se desplegaron junto a Protección Civil y los Cuerpos de Bomberos de Carabobo.
Las inspecciones en el terreno verificaron los daños materiales provocados por el colapso de la Línea de Transmisión Eléctrica de 115 KV, avería energética que interrumpió el suministro en todo el eje costero de Puerto Cabello, Carlos Arvelo y el municipio Juan José Mora.
Finalmente, los equipos técnicos mantienen presencia activa en las salas de emergencia de los principales centros de salud de la costa carabobeña.
Las guardias institucionales tienen como meta prioritaria levantar censos de heridos, vigilar el estatus de los menores que se encuentran separados de sus representantes y garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los adultos mayores damnificados.
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