Setenta y ocho jóvenes arrestados tras una protesta callejera en la capital venezolana fueron trasladados el jueves a los tribunales, parte de una privación de la libertad que los universitarios consideran un golpe al movimiento estudiantil opositor.
El abogado Gonzalo Himiob, miembro de la organización humanitaria local Foro Penal —que representa a los estudiantes arrestados— dijo el jueves a The Associated Press que, de las 105 personas arrestadas la víspera, ya fueron liberadas unas 27, de las cuales 11 son menores de edad y el resto mujeres.
En entrevista telefónica, Himiob indicó que se desconocen los delitos de los que podrían ser acusados los jóvenes, lo cual no se sabrá "hasta que no lleguen a tribunales". Dijo desconocer la razón por la cual las autoridades liberaron a las 16 mujeres que estaban dentro del grupo de detenidos.
Los 78 jóvenes arrestados fueron trasladados la tarde del jueves desde una instalación de la Guardia Nacional, donde estaban recluidos, hasta el Palacio de Justicia, en el centro de la capital, para ser presentados en las próximas horas ante el juez que lleva el caso, indicó Gabriela Ramos, miembro del equipo de abogados que está defendiendo a los universitarios arrestados.
Varias decenas de guardias nacionales se colocaron en los alrededores del Palacio de Justicia y bloquearon los accesos a la edificación con dos camiones antimotines, los cuales cuentan con grandes planchas de metal en la parte delantera en prevención de posibles disturbios.
"Siento una impotencia muy grande, una tristeza porque están acabando con nuestros hijos, con el futuro de nuestro país… no crean que por eso nos van a cerrar la boca", dijo entre llantos Lucía Betancourt, una ama de casa de 51 años, que junto con decenas de familiares de los detenidos esperaba frente al Palacio de Justicia el inicio de la audiencia de su hijo Omar Cañizales, un estudiante de ingeniería ambiental de 19 años, y del resto de los jóvenes arrestados.
"Confío en Dios que los van a soltar porque ellos son inocentes", agregó.
El jefe del Comando Regional número 5 del cuerpo militar, general Manuel Quevedo, declaró el miércoles por la noche a la televisora estatal que las detenciones se produjeron luego de "actos vandálicos" por parte de un grupo de manifestantes contra la sede del Ministerio de Turismo.
Un grupo de manifestantes también colocó barricadas de desechos en medio de algunas vías del municipio de Chacao, pero la Guardia Nacional las levantó. El ataque contra la instalación estatal y la colocación de las barricadas ocurrieron luego de una marcha pacífica de los estudiantes.
Entre las personas arrestadas había universitarios y transeúntes que estaban en los alrededores.
Alfredo Graffe, presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la estatal Universidad Simón Bolívar de Caracas, dijo que los arrestos de estudiantes "son golpes muy duros en la emotividad" del movimiento de los alumnos, pero descartó que esa acción vaya a amilanar a los jóvenes.
El movimiento estudiantil decidió salir a las calles para luchar por un "mejor país" y "asegurar para todos los venezolanos que podamos vivir en una Venezuela de oportunidades", dijo Graffe a la AP.
El jueves por la tarde se registró un nuevo choque violento entre manifestantes y los cuerpos policiales en Terrazas del Ávila, una barriada de clase media del este de Caracas. Unos 50 jóvenes enmascarados lanzaron piedras y cócteles molotov a agentes de la policía, quienes respondieron con balas de plástico y gases lacrimógenos para dispersarlos. No se reportaron de inmediato heridos o detenidos.
Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, contra la desbordada inflación de 59% anual en marzo, el desabastecimiento de bienes básicos y un alto índice de delincuencia que azotan al país.
El dirigente estudiantil negó que la asistencia de universitarios a las protestas haya bajado por efecto de la represión de las autoridades y el aumento de las detenciones, y dijo que el descenso en la convocatoria se debe al "desgaste, el cansancio, la repetitividad de actividades" luego de tres meses de acciones.
A principios de la semana, la coalición opositora decidió congelar el proceso de diálogo con el gobierno que comenzó en abril, en rechazo por las recientes acciones de las autoridades contra una marcha de universitarios y por el desmontaje de los cuatro campamentos opositores.
Andrés Velásquez, diputado del partido opositor La Causa R, dijo a la AP que los integrantes de la Mesa de la Unidad Democrática —una coalición de partidos opositores al gobierno— esperan reunirse el domingo con los cancilleres de Brasil, Colombia y Ecuador para exponerles los planteamientos que llevaron a la alianza opositora a suspender las conversaciones con las autoridades.
Los violentos incidentes ocurridos en el país desde febrero han dejado 42 muertos, 835 heridos y más de 2.600 detenidos, de los cuales 252 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General. /AP