Nayzai Saavedra | [email protected]
La crisis económica avanza en el país y el salvavidas que creó la Asamblea Nacional para auxiliar económicamente a los adultos mayores está engavetada por el Ejecutivo.
El pasado 30 de abril el Tribunal Supremo de Justicia aprobó la constitucionalidad de la Ley de Bono de Alimentación y Medicamentos para Jubilados y Pensionados, impulsada por la AN, y pidió al Legislativo, como único requisito para su promulgación, la elaboración de un informe económico sobre la viabilidad de la norma.
La AN -hace 41 días- realizó la entrega del estudio al Ejecutivo; sin embargo hasta ahora y a pesar de los oficios que han enviado los diputados y de las concentraciones llevadas a cabo por distintas organizaciones de adultos mayores, pensionados y jubilados, no se ha dado más respuesta que el mutismo del Estado.
Desde entonces crece la mora social y los embates de la crisis económica arrecian para casi todos en el país.
El sociólogo Amalio Bel monte asegura que cualquier argumento que el Estado exponga sobre invariabilidad financiera resulta una falacia porque, según su criterio, este Gobierno se ha caracterizado por ser muy irresponsable con el uso de los recursos públicos.
“Es muy gastivo; asume proyectos en los que se gasta dinero inútilmente y le queda contradictorio que utilice este argumento para no aprobar una ley de carácter social”.
Consideró que al negar la promulgación de esta ley actúa directamente contra lo que predica, ya que al ser un Gobierno “socialista” está torpedeando una normativa en beneficio de un grupo desprotegido, una ley que en su lógica debería auspiciar y apoyar.
Sectarismo político. Para el sociólogo, el Gobierno no aprueba nada que no provenga de sí mismo y lo calificó como un Gobierno ab- solutista. “Si hay una opinión por parte de la oposición -por muy loable y positiva que sea- no se evalúa su naturaleza porque proviene de un sector con el cual no quiere ningún nivel de coincidencia. Entonces le niegan a los ciudadanos un beneficio que, además, no es muy costoso y es justo”, expresó.
Reflexionó sobre que la única razón que tiene el Gobierno para rechazarla, o darle largas, tiene que ser estrictamente política, por lo que en nombre de la política se perjudica a los ciudadanos. Indicó que el mensaje es claro: “todo lo que provenga del Gobierno es bueno pero lo que provenga de otro sector es desechable, criticable y censurable”.
“¿Se va a negar a satisfacer las necesidades de una parte pequeña de su población que además es muy vulnerable? ¿Se va a negar a promulgar una ley que representa sin duda un gran sentido social? No, no es por razones económicas o porque sea un Gobierno muy austero y cuidadoso. No, solo puede explicar- se por mezquindad o sectarismo político”, reiteró.
Bases cubiertas. José Guerra, diputado y economista, promotor del informe de viabilidad entregado ha-ce tres semanas, dijo que en el estudio se calculó una inversión de aproximadamente Bs. 262 mil millones para beneficiar a un promedio de tres millones 300 mil pensionados y jubilados, desde el mes de junio hasta el mes de diciembre.
El bono sería de 67 unidades tributarias (11 mil 859 bolívares). “Los cestatickets se pueden financiar con la venta de 4,2% de las exportaciones petroleras en Dicom (divisas complementarias), que cubriría 81% del monto requerido, y con un recorte de 30 mil barriles en los envíos a PetroCaribe”, dijo.
Detalló que con la propuesta no sería necesario subir los impuestos, ni reducir gastos; sólo restaría 0,58% del PIB. “No sabemos si la aprobaron”.
Muy similar. Tras el impulso de la ley de “papatickets” para abuelitos, el Ejecutivo creó “las tarjetas de misiones socialistas”, un instrumento muy parecido al creado por la AN, pero que será adjudicado a los necesitados, tras la aprobación de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, bajo la dirección del Psuv.
La Federación Nacional de Jubilados y Pensionados ha denunciado que la entrega de esta tarjeta está sujeta a que el beneficiario sea militante activo del Psuv.
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2016-06-14