JOSÉ M. ORTIZ CESTARI
El Estado tiene la función primordial de distribuir los recursos tanto brutos como fabricados. Al subsidiar un servicio como el pasaje estudiantil, en teoría, debería encargarse de cubrir todos los gastos de logística y de optimización del mismo. Ricardo Molina, Ministro de Transporte y Obras Públicas tiene esa función.
El país con la inflación más grande del mundo está propenso a cambios constantes en las estructuras de costos, precios y tarifas. El transporte no es la excepción. El cierre de empresas productoras de repuestos automovilísticos por ausencia de divisas hace casi obligatoria la compra de productos en el mercado negro. Como tal, la fuente de ingresos que es el pasaje del cliente debe estar acorde a las tarifas de costo. Se supone que la autoridad competente del servicio del transporte debería saber esto, o al menos eso es lo que dicta la ley. Sin embargo, sus acciones van dirigidas a otros vectores y prioridades.
Guerra dormida
En teoría, el Estado cubriría el 70% y el estudiante el 30 % restante del pasaje estudiantil. No obstante, desde el año 2002 la práctica dicta otra cosa.
Según declaraciones de los presidentes de los principales bloques de Caracas, el Estado fue debilitando el aparato de inversión hacia el subsidio estudiantil de pasajes. En Caracas, la situación se intensificó de tal manera que Fontur, el órgano responsable de dichos pagos, apenas cubría el 60% de cada ticket estudiantil. De esta manera, quien subsidiaba al estudiante que pagaba con el ticket estudiantil no era el Estado, era el conductor.
Sin embargo, “fueron tiempos de paz”. “La tarjeta inteligente y el ticket estudiantil era un sistema, que con todas las fallas que tenía, nos había permitido estar en paz con el estudiantado por más de 14 años”, declaró Pedro Jiménez, presidente de la Asociación de Conductores del Bloque Sur-Oeste de Caracas.
Dichos tiempos de paz terminaron el 1 de octubre de 2016 cuando el Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, decide eliminar este sistema sin consultarlo con los gremios de los estudiantes ni del transporte e implementar un periodo de transición que cubriría el subsidio estudiantil de los meses de noviembre y diciembre hasta que se estableciera una “nueva modalidad de pago en enero”. Para dicho periodo transitorio, Molina acotó que contaba con 4 mil millones de bolívares para el pago de dicho subsidio.
Con la “re implementación” del sistema de la tarjeta inteligente (solo que ya no sería inteligente, puesto que no se habían instalado las máquinas) los estudiantes podrían registrarse en la base de datos de Fontur y sacar su tarjeta correspondiente ya que sería la única que serviría para montarse en cualquier unidad de transporte y que el transportista lo reconociera como estudiante.
La realidad, nuevamente, difería con la ley. El pago de estos 4 mil millones de bolívares tenían un alto costo burocrático, los procedimientos no estaban claros, el estudiantado no sabía esto, el sector transporte poseía una gran pérdida diaria con los estudiantes “subsidiados” y una guerra, que desde hace 14 años que estaba dormida, ahora estaba muy despierta.
Guerra cantada
Según los bloques de Caracas, el pago de los 4 mil millones de bolívares se haría de la siguiente manera: se calcularía el “pico más alto” de las ventas de tickets estudiantiles, es decir, según el mes que más tickets hayan cobrado y se les pagaría esa cantidad en bolívares durante noviembre y diciembre.
Pedro Jiménez, presidente de la Asociación de Conductores del Bloque Sur-Oeste de Caracas, explicó con más detalles: “Para la UCO (Unión de Conductores del Oeste) el estudio arrojó que cada placa que acopiaba en Fontur iba a cobrar 114 mil bolívares mensuales. Si sacamos la cuenta, estamos hablando de 10 estudiantes diarios por mes. Una desfachatez”.
John Escalona, presidente de la Asociación de Conductores del Bloque Norte-Sur de Caracas, está encargado de los transportes que circulan por la vía Valle-Coche y Catia. En estas vías acostumbraban no implementar el subsidio directo, es decir, ni el ticket estudiantil ni la tarjeta inteligente. ¿Entonces cómo el ministro Molina calculaba el “pico más alto” de tickets para pagarle el subsidio correspondiente a estos trabajadores? Escalona responde: “El Bloque Norte-Sur tiene una nómina que llega global a las organizaciones para ser destinado a cada uno de ellos. Lo que el transportista cobraba mensualmente era Bs. 1.500”.
En otras palabras, cada transportista de la vía Valle Coche, que en promedio ingresa 100 estudiantes diarios, solo percibe de ese pasaje estudiantil la mitad de un estudiante cada día.
Luis Ramón Colmenares, presidente del bloque Este, contextualizó aún más la realidad: “Actualmente se está cobrando de forma real dos estudiantes por unidad cada día”.
En otros estados del país la situación es igual de crítica. En Carabobo, Zulia y Mérida los representantes demandaron que los ingresos no están ni cerca de los gastos del pasaje estudiantil. “Eso de que calculan por el pico más alto es mentira. A Carabobo apenas le pagan Bs. 3.700 por mes”, declaró Zuleta.
2017-05-07