Nayzai Saavedra
Este martes se firmó la segunda convención colectiva única y unitaria de los trabajadores del sector educativo que atenderá a 1.030.000 personas adscritas al ministerio entre los años 2018-2020, según señaló el presidente Nicolás Maduro.
El Ejecutivo aprobó este martes un total de 245 billones 108 mil 809 millones de bolívares para su cumplimiento. También aprobó un total de 2 billones 998 mil millones de bolívares para los Fideicomiso de trabajadores activos, fijos y contratados, del sector educativo, para la atención de 618.995 trabajadores del sector.
A la contratación se incorporaron diferentes instituciones educativas como la Corporación de Alimentos Escolares, la Fundación Bolivariana de Informática, el Centro Nacional para el Mejoramiento de las Enseñanzas y las Ciencias, la Fundación de Medios Audiovisuales al Servicio de la Educación, y el Servicio Nacional Autónomo de Atención Integral a la Infancia y la Familia (Senifa).
Perspectiva. “Si bien es cierto que llegamos a una firma, nosotros indudablemente entendemos que esta firma no significa que esté resuelto el problema de los educadores venezolanos en virtud de la hiperinflación, que es inalcanzable, por lo que el poder adquisitivo sigue quedando muy por debajo”, indicó Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros.
Logros. Aclaró que eso no le resta mérito a algunas aspiraciones que tenía el sector, como el aumento de las 40 horas a todos los educadores que venían trabajando 33 y 36 horas respectivamente.
“El trabajo del educador no termina cuando sale del centro educativo, está la etapa de la corrección, el tiempo que se invierte en la planificación y preparación de contenidos, esto compensa. Seguirá trabajando 33 o 36 horas pero con pago de las 40 horas”, explicó.
Con respecto a los sueldos, comentó está alrededor del !50 o 160%, solo en pago base para este primer tramo, incremento que será tomado en efecto desde el mes de marzo, por lo que se tendrá que reconocer el retroactivo correspondiente.
Alzuru también consideró como un avance que este nuevo contrato colectivo permita que cada tres meses se revisen las cláusulas de orden económico, para ajustar las tablas salariales, las primas y las bonificaciones según el proceso inflacionario que se vive en el país.
“Nosotros vamos reactivar el reglamento del ejercicio de la profesión, en el ingreso y ascenso de la cadena docente, esto va a permitir la reactivación de concursos y ascensos en cuanto en jerarquía”, expresó haciendo referencia a que este logro es beneficioso para la educación en general ya que va a repercutir en la calidad, para que ingresen los que tienen méritos para ello.
Por otra parte, se aprobó que la estructura del Instituto de Previsión y Asistencia Social para el Personal del Ministerio de Educación (Ipasme) sea revisada, para hacer un trabajo de “reingeniería”, de modo que no siga siendo un “elefante rojo” sino que esté al servicio de los educadores , que se les preste la atención primaria que requieren los afiliados y sus familiares.
Aclaró que todos estos beneficios que han conseguido los trabajadores activos son extendidos a los jubilados, que tendrán los mismo derechos: “Hay que resaltar que esta vez logramos poner a tono con lo que significa la asistencia médica de los jubilados, también los ubicamos un poco más arriba de lo que es el cestatiket, para que puedan tener protección alimentaria”, señaló.
Reiteró que no es fácil discutir un contrato colectivo en un proceso de inflación como el que se vive en el país, ya que ‘lo que puede servirte para hoy para mañana ya no te sirve’.
“Aspiramos que el educador y sus familiares tengan una calidad de vida alta, pero la hiperinflación es un impedimento. Mientras el Gobierno no controle la inflación el salario seguirá siendo deficiente, es un problema que el Gobierno está en la obligación de controlar”, finalizó.
2018-04-10
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