La mayoría de partidos representados en el Congreso brasileño consideró hoy inviable realizar un plebiscito para una reforma política con efectos para las elecciones de 2014, la principal propuesta de la presidenta, Dilma Rousseff, para aplacar las protestas populares.
El presidente de la Cámara de los Diputados, Henrique Eduardo Alves, anunció la inviabilidad de que el proyecto sea aprobado a tiempo para que entre en vigor para los próximos comicios, después de mantener el martes una reunión con los líderes de los partidos con representación parlamentaria.
Todas las fuerzas, menos el Partido de los Trabajadores (PT), en el que milita Rousseff, y otras dos formaciones minoritarias, rechazaron el plan de la mandataria, que lo presentó como respuesta a las demandas emanadas de las manifestaciones que se extendieron por todo Brasil el pasado junio.
El centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el principal socio de Rousseff en la coalición de Gobierno, fue una de las fuerzas que más reticencias puso al proyecto.
El líder del PMDB en la Cámara, Eduardo Cunha, dijo hoy que fue "enterrada" la idea de votar el plebiscito antes del próximo octubre, fecha límite para que la reforma estuviera en vigor en las presidenciales que se celebrarán en ese mes de 2014.
Cunha propuso que la reforma política se debata con calma y se celebre la consulta dentro de un año, de forma simultánea a las elecciones presidenciales de 2014, con el objetivo de ahorrar gastos en los comicios.
Al rechazar el proyecto, los parlamentarios argumentaron que, debido al reglamento electoral, no queda tiempo hábil para celebrarlo en menos de tres meses.
Según la legislación brasileña, una comisión de la Cámara de los Diputados se encargaría de redactar las preguntas a la población, después el proyecto se tendría que aprobar en las dos cámaras legislativas y, una vez promulgado, se reservarían 70 días de debate antes del día de votación.
Alves anunció que la cámara baja decidió crear hoy un grupo de trabajo dedicado a debatir la reforma política, que presentará sus conclusiones en un plazo "improrrogable" de 90 días.
Rousseff sugirió celebrar el plebiscito a raíz de las protestas que se extendieron por todo el país, las cuales tuvieron entre sus principales reivindicaciones el combate a la corrupción, cambios en el sistema de representación política, además de la mejora de los servicios públicos.
Aunque la mandataria presentó la iniciativa, la decisión de convocar la consulta, así como de definir su contenido, es una prerrogativa del Congreso, según marca la Constitución.
Rousseff propuso circunscribir el plebiscito a cinco grandes puntos: la financiación de los partidos y sus campañas, el sistema electoral, las suplencias de parlamentarios, las coaliciones partidarias y el voto secreto en el Legislativo.
La oposición y algunos sectores oficialistas se inclinan, en cambio, por votar la reforma política en el Legislativo y someter el resultado "a posteriori" a un referendo.
A pesar del jarro de agua fría del Congreso, el PT y otras dos formaciones oficialistas, el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), mantuvieron en pie su intención de celebrar el plebiscito antes de octubre.
El líder del PT en la cámara baja, José Guimarães, afirmó que estos tres partidos pretenden someter el proyecto a votación en el Legislativo, para lo que necesitan recabar en pocas semanas 171 firmas de diputados, un tercio del arco parlamentario.
Entre los tres partidos suman 128 legisladores, a los que tendrían que sumar la firma de otros 43 diputados aliados, algo que según su visión aún es posible.
Guimarães insinuó que el Parlamento postergó la consulta por falta de voluntad política, afirmó que "hay tiempo hábil" para celebrarla y apeló al "recado de las calles" a favor de un cambio inmediato en la estructura política del país. /EFE