Luis Maldonado
Mediante el decreto presidencial 750 de la Gaceta Oficial número 40.341, quedó oficializa la directiva que regirá la Superintendencia de Precios Justos, que será comandada por Andreína Tarazón, quien será la Superintendenta Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Tarazón fue nombrada Ministra para la Mujer en el año 2013, cargo que ejercerá a la par con sus nuevas funciones.
Además Karlin Granadillo fue encargada al puesto de Intendente de Costos, Ganancias y Precios Justos.
Por su parte el mayor general Luis Motta Domínguez será el Intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos.
Además, tras la entrada en vigencia el viernes pasado de la Ley Orgánica de Precios Justos, se comenzó un taller especial en Caracas para unos 480 fiscales de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee), que se encargarán de velar por el cumplimiento del nuevo instrumento legal.
La superintendente indicó que tras la conclusión del taller, el día viernes 31 de enero los fiscales comenzarán a desplazarse por todo el país en las inspecciones a comercios e industrias.
En este grupo se incluyen los inspectores del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Superintendencia de Costos y Precios (Sundecop) entre otros órganos elegidos por la nueva Superintendencia.
De igual manera, la superintendenta informó, que se activan esta semana talleres para el pueblo organizado en los 24 estados del país, a fin de que apoyen las fiscalizaciones.
"Todos los empresarios se tienen que poner a derecho lo más pronto posible porque comenzaremos una ofensiva nacional para velar por el cumplimiento y sancionar a los que no se adapten a la normativa", enfatizó, durante el taller a inspectores, en Parque Central, Caracas.
El sector de alimentos será uno de los prioritarios en la fiscalización, así como los artículos de higiene personal, aunque Tarazón aclaró que no descartan inspecciones a ningún sector. “La ley establece regulación para absolutamente todos los actores económicos del país, todas las áreas y todos los rubros", recordó.
El instrumento legal establece que las ganancias de los que ejerzan actividades económicas en el país no podrá exceder 30% y supone severas sanciones administrativas y penas privativas de libertad, que van de dos a 14 años. Se incluye el contrabando de extracción, que es sancionado con prisión de 10 a 14 años, y se considera como agravante si se trata de delitos contra la estabilidad de la República, por lo cual implicará la pena máxima contemplada.
La superintendente explicó que mientras se dictan las regulaciones por sectores, se entiende que debe cumplirse ese 30% máximo de ganancia, así como los precios fijados por el Ejecutivo en la ofensiva económica contra la especulación que activó en noviembre pasado.
Tarazón comentó que en el seno de la vicepresidencia, se efectuará un encuentro con empresarios y comerciantes para conversar sobre la normativa.
El instrumento legal indica también que se podrán determinar márgenes máximos por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica u otros conceptos, siempre con el tope del 30% máximo señalado.
Fuerza de fiscalización de 8.000 hombres
Aunque formalmente se cuenta con 480 inspectores que lideran los procedimientos, el intendente de Protección de los Derechos Socioeconómicos (adscrito a la Superintendencia), Luis Motta Domínguez, puntualizó que estiman una fuerza de 8.000 hombres en todo el país, sumando a integrantes de la Milicia, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el pueblo organizado, que se encargará de lo que llamó el control posterior.
"Ya salió la Ley. No hay segunda oportunidad", dijo Motta y ratificó que todos los sectores deben ponerse a derecho.
Asimismo, destacó que las fiscalizaciones serán permanentes y durante unos dos meses se extenderán los talleres de capacitación.
Lunes, 27/01/2014