Con informació de AVN
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, afirmó que el Ministerio Público (MP) ha actuado apegado a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela durante todo el proceso de investigación del presunto plan de magnicidio planificado contra el presidente Nicolás Maduro.
"Hemos venido actuando apegados a lo que es la Constitución y la ley y nunca la seguridad de la nación puede estar por debajo a lo establecido en la ley, porque la seguridad de la nación está consagrada en la Constitución (…) La investigación es trascendental porque está en juego la estabilidad del país, de sus ciudadanos y la vida del Presidente", subrayó durante una entrevista.
"El Ministerio Público ha garantizado todas las seguridades jurídicas para que se haga efectivo el debido proceso, para que esta investigación esté apegada y ajustada a los principios y normas establecidas en la Constitución y la ley", subrayó.
El miércoles pasado, el Alto Mando Político del Gobierno presentó correos electrónicos que certifican la participación de los opositores Gustavo Tarre, María Machado, Diego Arria, Henrique Salas Romer, Eligio Cedeño y Pedro Mario Burelli, junto al embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker.
Al respecto, Ortega Díaz destacó que la intervención a las cuentas de correos electrónicos es una acción que garantiza la seguridad de la nación y de la ciudadanía, lo cual está establecido en la carta magna de la República.
"La seguridad del Estado está regulada en la Constitución desde el artículo 322 hasta el 332. La seguridad de Estado protege la seguridad del país y de sus ciudadanos. El Estado permanentemente tiene que desarrollar acciones de inteligencia para garantizar la seguridad.Todo país realiza acciones para saber qué está pasando, para garantizar la estabilidad, para estar preparados ante ataques extranjeros, ante posible magnicidio, atentados contra altos funcionarios, instituciones", explicó.
Indicó que para la intervención de la comunicación, establecida en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), se cumplió con el procedimiento establecido que indica que el fiscal presente la solicitud a un juez de control y este evalúe la solicitud para decidir si la autoriza o no.
"Se comisionó a la fiscal 20° nacional, Katherine Harrington, quien ordenó inicio de la investigación y conjunto de diligencias de investigación. En el marco de estas diligencias, comisionó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para la interceptación de comunicaciones tal como lo consagra el COPP", explicó.
Por ello, instó al pueblo venezolano a mantener "esa vocación de paz y creer en las instituciones" del Estado.
Precisó que desde el pasado 12 de febrero las acciones violentas vividas en el país han dejado un saldo de 42 asesinatos y más de 800 lesionadas en todo el país. Además, la violencia también ha producido daños a instituciones públicas y privadas.
Igualmente detalló que hay 174 personas permanecen privadas de libertad, de las cuales solo 18 son estudiantes.
Viernes 30/5/2014