Redacción Armando Altuve/[email protected]
La inseguridad se ha convertido en un pasajero frecuente en las unidades de transporte público del país. Y es que los conductores manifiestan que, a pesar de los planes de seguridad y las mesas de trabajo sostenidas con autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, cada vez más los índices delictivos se incrementan dentro de las camionetas por puesto.
Durante los últimos años, el Gobierno nacional ha implementado una veintena de estrategias y planes para reducir la incidencia de robos y hechos delictivos; pero sin obtener los resultados deseados.
Pedro Jiménez, presidente del Bloque de Transportistas del Suroeste de Caracas, aseveró que medidas como el despliegue de efectivos policiales en cada unidad de transporte público se quedaron solo en palabras. “La respuesta de los funcionarios ante los reclamos de los usuarios y conductores es prácticamente nula”, aseguró.
Indicó que han sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Pero afirmó que existe una “disparidad” entre los acuerdos y la realidad que padecen diariamente los conductores.
“Acá no ha existido un plan de envergadura que permita garantizar la seguridad de los conductores ni los pasajeros. Solo han habido operativos pequeños que no resuelven el problema”, resaltó Jiménez.
En este sentido, Jiménez se refirió al plan de patrullaje inteligente y los cuadrantes de seguridad implementados por el Gobierno para garantizar la seguridad y precisó que, la ejecución de plan, no ha sido efectivo. “A ese proyecto nunca le vimos efectividad porque siempre que se llamaban los efectivos no respondían ni se presentaban en el sitio donde ocurrió el atraco. Incluso varios de nuestros compañeros fueron robados cerca de los cuadrantes, y no hubo respuesta”, puntualizó.
Por su parte, José Luis Montoya, presidente de la Central Única de Autos Libres y Por Puestos, añadió que en los cuadrantes no había suficientes funcionarios para atender las contingencias. “Al momento de ir con los efectivos, ellos nos dicen que no se pueden mover del módulo, incluso porque sus patrullas no cuentan con cauchos ni combustible”, precisó Montoya.
La problemática no solo se agudiza en la ciudad capital, sino también en varias ciudades del interior del país. Erick Zuleta, presidente de la Federación Nacional de Transporte, señaló que la frecuencia de asaltos en las camionetas provocó que varios profesionales del volante redujeran su horario de jornada laboral. “En Barquisimeto y Valencia, por ejemplo, las unidades que trabajaban hasta las 2 de la mañana, ahora prestan servicio hasta 7 de la noche”, resaltó Zuleta.
Por otra parte, Montoya sostuvo que el plan de instalación de cámaras en las unidades “quedó en nada”. “En algunas camionetas se instalaron los equipos, incluso a algunos transportistas le cobraron por esos dispositivos. Pero, al final, no funcionó”, denunció Montoya.
Justamente, el pasado mes de julio, las autoridades del Ministerio de Interior, Justicia y Paz se reunieron con diferentes líneas de transporte público para evaluar el avance en la instalación de dispositivos GPS y cámaras de seguridad en las camionetas. También en ese encuentro se planteó el incremento del número de efectivos policiales en las paradas urbanas, interurbanas y terminales de pasajeros y reforzar el patrullaje en puntos clave de la ciudad.
Montoya dijo que, al momento de reunirse con el Gobierno, han planteado, como solución al problema de la inseguridad, desarmar a los delincuentes.
Esa es la razón que atribuye Eddy Luz Cristiani, presidenta ejecutiva del Instituto Metropolitano del Transporte de Caracas, ante la debilidad que el Estado tiene para erradicar el hampa.
“Desde mi óptica, se requiere un mayor esfuerzo por parte del Estado en toda la red de instituciones para lograr un verdadero éxito. Ejecutar planes, como operativos policiales, no son suficientes para minimizar el problema, pues hace falta abordarlo desde un enfoque educativo, incluso de infraestructura porque, por ejemplo, una calle oscura da pie para que se incrementen robos y asaltos”, señaló Cristiani.
Agregó que las políticas de seguridad no deben centralizarse y asomó que no hay coordinación entre los diferentes cuerpos policiales para enfrentar el problema.
“El Gobierno no se ha acostumbrado a coordinar con otros entes e instituciones del Estado, que son también legítimas, como alcaldías y gobernaciones. Vemos cómo a las policías municipales se les niegan recursos, en lugar de crear una red policial conectada que permita dar soluciones”, acotó Cristiani.
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2015-10-02