El comunicado fue firmado por Marianela Betancourt, Pablo Zambrano, Eudomar Arrieta, Gladis González, Luis Garrido, Mildred Di´domizio, Irene González, Omar Brito, Zuleika Pérez, Luis Cano, Valentín López, Zaira Hernández, Ivonne Muñoz, Beatriz Sánchez, Carmen Vielma, David Elis, Maury Pestana, Juan Carlos Toro, Ismenia Rodríguez y Leoncio Rene.
En la carta indican que se violentó la cláusula 93, la cual extiende los beneficios a todo tipo de trabajadores. Sin embargo, señalaron que se excluyó a jubilados y pensionados. "Además, el incremento salarial de 75% otorgado es ficticio, porque la inflación ya va por 46%, lo que significa que realmente se aumentó 29%".
Sobre las deudas que mantiene el Estado con el sector, resaltaron que aún quedan pendientes las prestaciones sociales desde el año 1997, así como una diferencia de bono alimenticio y la segunda parte de un bono de 6.000 bolívares.
"Además, el personal contratado aún no se ha incluido en las nóminas y tampoco se les aplica el ajuste salarial y el resto de los beneficios sociales de la Contratación Colectiva, aun cuando hay trabajadores en esta condición desde hace 17 años", aseguraron.
Todas las deudas continúan presentes en un escenario que tildan aún como crisis hospitalaria. "Hay falta de insumos y alimentos para los pacientes, nulo mantenimiento en equipos de diagnóstico, problemas de infraestructura e inseguridad. Un claro ejemplo es el incidente en el Hospital de Niños, en el cual los pacientes tuvieron que ser atendidos nuevamente en el área de emergencia".
Además, el servicio de ambulancias también se encuentra en estado de deterioro, según denunciaron, pues solo hay 2 operativas de 26 existentes, lo cual contribuye al ruleteo.
"Se incorporan a la lista el uso de medicamentos vencidos para el paludismo; así como la aplicación masiva del insecticida para controlar el criadero de zancudos patas blancas, causantes del dengue, lo que se traduce en un repunte de estas enfermedades endémicas", apuntaron.
Por ello, exhortaron al Gobierno a decretar nuevamente el Estado de Emergencia en la Salud y realizar asambleas permanentes en los Centros Asistenciales, así como, en las comunidades e incorporar a los Consejos Comunales a participar por el derecho a la salud.
También decidieron consignar ante el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, documentos explicativos de la crisis planteada. "Estamos allanando los procedimientos legales para introducir un pliego de peticiones y radicalizar las acciones a favor del sagrado derecho a la salud". /Prensa Sindicato de Trabajadores del Sector Salud