DPA
El 12 de febrero se inició en Venezuela una ola de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que convirtió en sello casi cotidiano las nubes de gas lacrimógeno, los muertos, heridos y una tensión política que agudizó la división del país entre simpatizantes y opositores del modelo bolivariano.
Al cabo de dos meses de manifestaciones en el balance sobresalen el saldo de 39 víctimas mortales, más de 600 heridos, el encarcelamiento de dirigentes opositores y dos alcaldes, el desafuero a la diputada María Corina Machado y la militarización de ciudades.
"Estas han sido las protestas contra el gobierno bolivariano más prolongadas en el país desde 2004″ |
Las manifestaciones encabezas por estudiantes se hicieron endémicas en los municipios residenciales caraqueños de Chacao y Baruta, ambos bajo control de la oposición, con nubes tóxicas casi diarias, suspensión del tránsito automotor, el cierre de las estaciones del metro y alteración de la vida cotidiana.
Otro tanto ocurre en las regiones de Táchira, Mérida, Carabobo, Aragua y Bolívar.
El inicio de las manifestaciones se dio el 12 de febrero, cuando una marcha de estudiantes y de la oposición llegó a la Fiscalía General y derivó en violencia, con un saldo de tres muertos y más de 60 heridos. Los estudiantes pedían la liberación de ocho compañeros que fueron detenidos en Táchira, luego de reclamar mayor seguridad a las autoridades ante un intento de violación.
La represión de aquella marcha generó más protestas, que en el curso de dos meses se hicieron diarias y fueron escalando, donde cada grupo se trazó objetivos y métodos de lucha diversos.
A las exigencias por mejoras en la seguridad y de cambios en el modelo económico, se sumaron tímidos llamados a la renuncia de Maduro, quien las rechazó de plano.
Las protestas acentuaron la polarización del país entre simpatizantes y opositores del gobierno, que ha sido marca del gobierno bolivariano en 15 años y que se manifestó en el estrecho triunfo de Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado sobre el opositor Henrique Capriles.
Sin embargo, estas han sido las protestas contra el gobierno bolivariano más prolongadas en el país desde 2004, cuando un movimiento similar exigió en las calles el respeto de las firmas que convocaban un referéndum sobre el mandato del presidente Hugo Chávez y que también dejó muertos y heridos.
En aquella ocasión, la presión logró que la Organización de Estados Americanos (OEA) facilitara una salida a la crisis con una negociación entre el gobierno y la oposición, que se saldó con la realización de la consulta en 2005 en la que Chávez fue ratificado.
Ahora las manifetaciones son más agresivas y se agudizaron tras cada medida del gobierno contra la dirigencia opositora. También la represión de los cuerpos de seguridad mostró prácticas nuncas vistas, en operaciones acompañadas por grupos civiles afines al gobierno.
Maduro dijo estar enfrentando una "coyuntura golpista", impulsada con el intento de propagar el caos en las calles. Asimismo, el oficialismo calificó las protestas como un "levantamiento de los ricos contra los pobres", en referencia a que las manifestaciones se registran principalmente en zonas acomodadas de Caracas.
La oposición, representada en la alianza partidista Mesa de Unidad Democrática (MUD), alegó el derecho a las manifestaciones pacíficas y al vez sostuvo que las crisis deben solucionarse mediante contiendas electorales.
Pese a dejarlo claro, Maduro afirmó que los grupos "fascistas y terroristas" que dirigen las protestas son respaldados por la MUD, a la que responsabilizó de las muertes. Una división de la MUD propuso lo que llamó "la salida", que señala mecanismos constitucionales para relevar al presidente, instando a la vez a mantener la agitación en las calles.
De los proponentes de la "salida", el dirigente Leopoldo López está preso, enfrenta una pena de diez años de cárcel y su partido Voluntad Popular es perseguido y acusado de "terrorista", mientras que Machado fue despojada de su inmunidad sin los procedimientos legales. También fueron destituidos y encarcelados dos alcaldes por no acatar una orden judicial para contener los desórdenes.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) dijo que sus estudios indican que sólo en el primer trimestre de 2014 se registraron 3.000 manifestaciones, mientras que en un año de mucha movilización de calle la cifra mayor es de 5.500.
"En marzo se consolida una política de represión del gobierno con un comando unificado de la Policía Nacional, la Guardia Nacional (policía militarizada) y grupos paramilitares (colectivos). Esto es algo nuevo en las protestas en los últimos diez años", dijo a la agencia dpa el coordinador del OVCS, Marco Antonio Ponce.
Por su lado, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) manifestó en una declaración a comienzos de abril que la causa fundamental de la actual crisis es la "pretensión del partido oficial y el gobierno de implantar el llamado ‘Plan de la Patria’, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario, que pone en duda su perfil democrático".
El Plan de la Patria es el programa de gobierno con el que fue reelegido Chávez en octubre de 2012, e invitó al país a "avanzar en el socialismo".
El gobierno de Maduro aceptó esta semana reunirse con la MUD para iniciar un diálogo que acabe las protestas, el cual es facilitado por una misión de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Falta ver si las conversaciones logran pacificar el país, que se desmonten las barricadas y los estudiantes regresen a las universidades. De lograrlo, Maduro podrá dedicar más tiempo a enfrentar la tormenta económica que se viene formando desde el año pasado, en un país que sufre el desabastecimiento y una inflación de casi el 60 por ciento en los últimos 12 meses.
2014-04-10