EFE
El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, excluyó hoy que el Gobierno vaya a obligar a la población a que se vacune contra el coronavirus.
"No contemplamos por ahora la vacunación obligatoria. Confiamos en poder llegar a un gran número de población" de forma voluntaria,"
dijo Giuseppe Conte
El mandatario italiano señaló que se están analizando propuestas para quienes hayan sido vacunados, como permitirles una mayor movilidad en el país. Y en el marco de las normativas restrictivas.
Italia recibió el 26 de diciembre las primeras 9.750 dosis de la vacuna anti-Covid de las farmacéuticas Pfizer y BioNtech. Por ello, esta mañana ha acogido el primer lote semanal de 470.000 vacunas de las mismas casas.
Principalmente, la intención es que en abril ya haya en el país entre "10 y 15 millones" de italianos vacunados. Indicó el jefe del Gobierno, gracias a las dosis de Pfizer-BioNtech, Moderna y AstraZeneca.
Conte afirmó que el Ejecutivo italiano alargará el estado de emergencia, vigente actualmente hasta el 31 de enero.
El tiempo que sea necesario para gestionar de forma eficiente la emergencia nacional.
También fue preguntado por las escuelas y dijo que espera que el 7 de enero puedan volver a las aulas la mitad de los alumnos de clases de secundaria, con un sistema mixto de lecciones presenciales y a distancia.
Giuseppe Conte y su gabinete
También deben afrontar la crisis económica derivada de la pandemia, para lo que ya en 2020 ha invertido 100.000 millones en planes de estímulos.
Además, su Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de reformas con el que obtener el visto bueno de la Comisión Europea y poder acceder a los 209.000 millones de euros que le corresponden a Italia del Fondo de Recuperación europeo.
Un asunto que se le está complicando por las reticencias del socio gubernamental Italia Viva, liderado por Matteo Renzi.
Renzi ha amenazado con que sus ministros dimitan y se cree una crisis en el Ejecutivo si no se incluyen sus propuestas en el proyecto reformador.
Preguntado sobre esta cuestión, Conte se ha limitado a subrayar que los ultimátum no son aliados de política y ha apostado por el diálogo y el trabajo en equipo en pro del país.
Igualmente, ha hecho un llamamiento a la unidad para que el plan de reformas pueda estar diseñado ya en enero y sea debatido en febrero por el Parlamento.
Por otra parte, se refirió a la finalización de los expedientes de regulación de empleo y a la prohibición de despedir a partir del próximo mes de marzo y reconoció que previsiblemente aumentará el paro.
"Hemos construido un cinturón de protección social que está más o menos funcionando, ha evitado el despido de 600.000 personas", pero el "mercado laboral puede verse en una situación crítica a partir de marzo", dijo.
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