El entorno del espectáculo mexicano vive momentos de agitación tras revelarse una nueva batalla legal entre el actor argentino nacionalizado mexicano Sebastián Rulli y la presentadora Cecilia Galliano. A quince años de su sonado divorcio, el galán de telenovelas acudió ante las autoridades judiciales con la intención explícita de modificar el convenio de manutención correspondiente a Santiago, el hijo de 16 años que ambas figuras comparten.
Contexto de la disputa judicial
El periodista de espectáculos Gabriel Cuevas dio a conocer la noticia tras verificar los registros oficiales en la plataforma del Tribunal de Justicia. Según sus declaraciones, notificadores judiciales acudieron semanas atrás al domicilio de Cecilia Galliano para entregarle la cédula legal del procedimiento impulsado por el actor. La conductora desconocía en absoluto las intenciones de su exesposo, por lo que la acción legal la tomó completamente por sorpresa.
Acuerdo económico
El origen del acuerdo económico se remonta al año 2011, cuando un juez de lo familiar fijó la sentencia de divorcio entre la pareja. En aquel momento, un estudio socioeconómico determinó que Rulli debía destinar el 30 por ciento de sus ingresos totales a la manutención de su hijo. Dado que Rulli figura como uno de los actores con mayores percepciones en la empresa Televisa (con ingresos estimados en varios millones de pesos por cada proyecto de televisión), la cifra que destina mensualmente alcanza montos sumamente elevados.
Postura
Actualmente, Santiago cursa sus estudios de educación secundaria en un exclusivo colegio en el extranjero, lo cual implica elevados gastos de colegiatura, manutención y transporte. La postura vertida en el recurso judicial sostiene que las cantidades asignadas sobrepasan las necesidades reales para el sostenimiento del joven y que la administración de los recursos financieros por parte de la madre requiere una revisión formal.
Diferencias del pasado
Este nuevo capítulo jurídico rememora los momentos de alta tensión que ambos vivieron tras su ruptura en 2011, cuando sostuvieron una severa disputa por la propiedad de una camioneta tipo Hummer. Aquella contienda legal exigió múltiples peritajes de firmas, juicios de primera y segunda instancia, e incluso recursos de amparo antes de alcanzar un acuerdo definitivo. Por el momento, el juez asignado al caso analizará los documentos financieros presentados por las partes antes de emitir una resolución que reduzca o mantenga el porcentaje actual de la pensión.
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