El ministro del Interior del Perú, Wilfredo Pedraza, dijo hoy que el gobierno apelará al fallo de un juez que devolvió el mercado mayorista limeño La Parada a comerciantes desalojados por el deterioro en que había caído el lugar.
Pedraza advirtió que pese a lo ordenado por el juez Malzon Urbina, no retirará a la Policía de la zona, sino la reforzará, "no por no cumplir una sentencia, sino porque alrededor de ese escenario hay personas con alta vocación por el delito".
El ministro dijo también en la radio San Borja que la sentencia de Urbina, quien declaró "infundada" la orden de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de cerrar La Parada y reubicar a los comerciantes, es "curiosa y prevaricadora".
"(El fallo) es bastante curioso, no sólo por su argumentación, sino por las hipótesis falsas que se plantea en una resolución que es absolutamente prevaricadora, pues anula una decisión del gobierno local, lo cual no le compete", agregó Pedraza.
El juez, que ordenó retirar a los policías y los bloques de cemento que impiden acceder a La Parada, sostiene en el fallo que la clausura fue "discriminatoria e ilegal" y dice que Villarán y Pedraza tienen responsabilidad penal por la violencia que se desató en octubre tras operaciones policiales de desalojo que dejaron cuatro muertos y cientos de heridos.
El fallo causa notable impacto entre la opinión pública y las autoridades locales, pues el desalojo, dispuesto por que el lugar se había convertido en un epicentro de delincuencia y desaseo, costó varios años de trabajo y era visto como un avance para Lima.
Algunas versiones periodísticas alertaron desde antes que los comerciantes habían juntado dinero para pagarle a Urbina, aunque no hay pruebas que lo demuestren.
Urbina se defendió y dijo estar "orgulloso" de sus sentencias, a pesar de que otros 26 jueces revisaron hábeas corpus sobre el caso y todos ratificaron la posición de cerrar La Parada y dejar como único mercado mayorista a un nuevo local, Santa Anita.
El juez, cuya sentencia es hoy objeto de burlas masivas en las redes sociales por los numerosos errores sintácticos y ortográficos, es investigado por la Oficina de Control de la Magistratura por otros varios fallos "sospechosos" que tiene en su hoja de vida.
El caso de La Parada ha sido uno de los más duros para la centroizquierdista Villarán. Según expertos, el desalojo fue una de las razones por las que la alcaldesa, que siempre tuvo bajos índices de aprobación, salió airosa en marzo de una consulta popular para su destitución./DPA