Un tribunal que juzga los crímenes de la guerra de la independencia en Bangladesh (1971) condenó hoy a la pena de muerte a un líder islamista y popular presentador de un programa de televisión religioso, según informaron medios locales.
Abul Kalam Azad, que se dio a la fuga después de que el tribunal emitiera el pasado abril una orden de arresto en su contra, fue condenado a la horca por genocidio y una larga serie de cargos basados en la muerte en aquel conflicto de una docena de personas y la violación de dos mujeres, según el rotativo "The Daily Star".
Azad fue líder de las juventudes del partido Jamaat-e-Islami, que durante la guerra se alineó con Pakistán, país del que Bangladesh fue durante más de dos décadas el ala oriental hasta que consiguió la secesión con el apoyo político y militar de la India.
La sentencia fue pronunciada en ausencia del condenado por el magistrado Obaidul Hasan, presidente del tribunal de crímenes de guerra número II.
Esta segunda corte fue creada en marzo de 2012, dos años después de que las autoridades ordenaran la formación de la primera, para acelerar la resolución de los casos pendientes sobre ese episodio de la historia de Bangladesh.
Unos tres millones de personas murieron y dos millones de mujeres fueron violadas durante la guerra, aunque muchos de los principales responsables de las ejecuciones y atrocidades cometidas nunca podrán ser juzgados.
Un acuerdo entre la India, Pakistán y Bangladesh permitió al poco de la independencia bangladeshí el regreso a territorio seguro paquistaní de dos centenares de mandos militares de ese país.
La Liga Awami de la primera ministra, Sheikh Hasina, en el poder desde 2009, ha puesto énfasis en la atribución de responsabilidades, aunque la realidad es que la mayor parte de los actuales imputados en los tribunales de guerra son miembros de Jamaat-e-Islami.
Esa fuerza islamista es, de hecho, un habitual aliado para la principal formación opositora, el Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP) de la ex primera ministra Khaleda Zía, lo que plantea dudas sobre el cumplimiento de las condenas si hay cambio de gobierno. EFE