El gobierno chileno deberá pagar costas judiciales por un millón de dólares a una serie de ciudadanos acusados por las autoridades de colocar una serie de bombas en el país, determinó este jueves la Corte Suprema.
La decisión judicial, que es inapelable, constituye la última derrota del Ejecutivo en el juicio, conocido como el "caso bombas" y que dejó a todos los imputados libres tras seis meses de litigio en 2012.
La causa, donde miles de pruebas fueron desechadas por la Justicia por problemas legales y técnicos, provocó de un inicio enfrentamientos entre el gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial desde 2011.
Los seis sujetos absueltos finalmente por el Tercer Tribunal Oral de Santiago en 2012 recibirán parte de los citados pagos.
El llamado "caso bombas" refirió a una serie de atentados explosivos contra bancos e instituciones similares en el país, supuestamente reivindicadas por grupos anarquistas los últimos años.
Rodrigo Hinzpeter, ministro del Interior hasta noviembre, debió declarar en el caso por supuesta fabricación de pruebas, como alegó la defensa.
Hinzpeter, actualmente titular de Defensa, fue criticado por la oposición y los defensores por contratar como asesor suyo al fiscal que llevó el caso en su etapa más polémica.
Dicha contratación fue interpretada por la defensa como una interferencia y conflicto de interés que restó supuestamente independencia al fiscal Alejandro Peña.
Este último abogado finalmente abandonó Interior en 2012 cuestionado por compras supuestamente irregulares de equipos antinarcóticos, valorizados en miles de dólares. /DPA
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