Los tres ex mandatarios, que pertenecen a los opositores partidos Colorado y Nacional, acusan al gobierno del presidente, José Mujica, de haber provocado esta "preocupante situación institucional" al fustigar a la Corte Suprema que declaró inconstitucional una ley que habilitaba la investigación de crímenes cometidos durante la última dictadura (1973-1985).
"No es posible agredir el principio de separación de poderes con la amenaza de citaciones inconsultas, infundados juicios políticos y el agravio constante de legisladores oficialistas a los miembros de la máxima autoridad judicial", dice la declaración de Sanguinetti, Batlle y Lacalle.
Hacen referencia a comentarios de dirigentes políticos del gobernante Frente Amplio (FA) quienes decidieron convocar al Congreso a los integrantes de la Suprema Corte para que expliquen esa decisión y el traslado sorpresivo de una jueza que tenía a su cargo unas 50 causas sobre derechos humanos.
Esa "tormenta de ataques", motivada por "el simple traslado de un juez, hiere la conciencia republicana" por lo cual, en opinión de los ex mandatarios uruguayos "es inadmisible que se sigan despreciando dos consultas directas a la ciudadanía en clara violación de la soberanía popular".
La ciudadanía uruguaya ya se pronunció en dos oportunidades a favor de mantener la ley de caducidad, pero la administración de Mujica aprobó una ley para que aquellos crímenes fueran considerados de lesa humanidad lo que permitiría su investigación.
Ante la situación creada, Batlle, Lacalle y Sanguinetti levantan la voz de "alerta cívica" ante el retorno de "actitudes antidemocráticas que dividen peligrosamente a la sociedad uruguaya".
El partido Colorado, además, convocó a una convención partidaria de urgencia para el próximo jueves y reclamará el uso de la cadena de radio y televisión.
El senador Jorge Larrañaga, del Partido Nacional, responsabilizó al Frente Amplio por no haber derogado la ley de caducidad como propuso su partido y al mismo tiempo lo acusó de haber "fogoneado" y utilizado el dolor de las familias de las víctimas de la dictadura como "plataforma política".
La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay obligará a cerrar varias causas abiertas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura al declarar inconstitucional dos artículos de la ley que promovió Mujica, en octubre de 2011.
Organizaciones sociales y familiares de desaparecidos mantienen su reclamo de "justicia y verdad" en torno a los delitos que quedaron sin investigarse y castigarse, mientras que ex represores piden pasar la página sobre los hechos de la dictadura. /DPA