El gobierno marroquí negó hoy que existan motivos políticos en el proceso en el que 24 saharauis comparecerán mañana ante el Tribunal Militar de Rabat por los disturbios del campamento de Gdaim Izik, en las cercanías de El Aaiún (capital del Sáhara Occidental), en noviembre de 2010.
En rueda de prensa en Rabat, el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno, Mustafa el Jalfi, recordó que es un proceso "por actos criminales", en referencia a la muerte de 13 personas (11 policías marroquíes y dos civiles saharauis) en los disturbios que siguieron al desmantelamiento del campamento.
El proceso -insistió el ministro- "se ajusta a la ley" porque la legislación marroquí estipula que serán tribunales militares los que juzguen crímenes cometidos "contra miembros de la fuerza pública", aunque los autores sean civiles, un detalle que ha sido criticado por numerosas organizaciones humanitarias.
Al respecto, el ministro dio a entender que este es uno de los aspectos que podría cambiar con la reforma de la justicia que actualmente se está tramitando.
"Se respetarán todas las garantías jurídicas y de los abogados de la defensa", dijo El Jalfi, quien recalcó que su gobierno "no interfiere en los temas de la justicia", aunque no comentó las otras críticas al dilatado tiempo (más de dos años) que los encausados han pasado en prisión provisional.
Por su parte, en su informe mundial de 2013 presentado hoy la organización humanitaria Human Rights Watch insistió en que se trata de un juicio "de tintes políticos".
El juicio, aplazado en varias ocasiones, se celebrará mañana a primera hora en el Tribunal Militar de Rabat, y se prevé que asistan numerosos activistas saharauis y simpatizantes europeos de la causa saharaui, principalmente abogados.
Familiares de los 24 presos dieron hoy en Rabat una rueda de prensa en la que protestaron por la larga detención provisional a que han sido sometidos y las duras condiciones de encarcelamiento, especialmente al principio.
"El primer año no pudimos mantener comunicación, y de noviembre a abril estuvieron solos en sus celdas sin contacto con el exterior, sin leer y sin poder escribir", comentó Claude-Margarite Magin, esposa del preso Ennaama Asfari.
Tras la huelga de hambre que realizaron en abril de 2011, se comenzó a ampliar el régimen de visitas de los familiares a la prisión militar – 2 días por semana, después 3 y en la actualidad 5- y les dejaron leer todos los libros que querían, pero no se les permitió llevarles otros objetos.
El reciente traslado de una cárcel militar a la Prisión Civil de Salé-1 (en las cercanías de Rabat) también ha supuesto una mejora sustancial de sus condiciones, declaró Mangin en la sede de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). EFE