La mayoría de la población suiza votó hoy a favor de mejorar la conciliación entre la vida laboral y la familiar, pero al no obtener esta opción el apoyo de la mayoría de los cantones del país, la iniciativa ha sido rechazada.
Según la ley de referéndum helvética, para que una iniciativa sea aprobada, debe contar tanto con la mayoría del apoyo popular general como de los 26 cantones del país.
En esta ocasión, 1,3 millones de electores, un 54,3 %, han votado a favor de una mejor conciliación familiar-laboral, pero esa opción ha sido rechazada por 15 de los 26 cantones del país.
De esa forma, las reticencias de la Suiza de habla alemana ha podido con el impulso de los cantones meridionales (lengua francesa e italiana) que han apoyado claramente la propuesta.
Es sólo la novena vez en la historia de la Confederación Helvética que una iniciativa popular obtiene el apoyo del pueblo pero no de la mayoría de los cantones. El último caso se remonta a dos décadas atrás.
El proyecto pretendía que se inscribiese un nuevo artículo en la Constitución que citara la necesidad de promocionar las estructuras de acogida infantil fuera del hogar.
La propuesta no cifraba ni establecía ninguna obligatoriedad específica, a pesar de que existe una carencia de 125.000 plazas de guardería en el país.
Los que la sostenían argumentaban la importancia de conciliar vida laboral y familiar, la necesidad de dar libertad a los padres (mayoritariamente a las mujeres) de poder optar entre cuidar a los hijos en el hogar o proseguir con la vida laboral, y también esgrimían la necesidad económica de que la familia tenga dos fuentes de ingresos para vivir.
Los que se oponían a la propuesta, la patronal y los partidos de derechas, argumentaban que la familia forma parte del espacio privado y que no incumbe al Estado inmiscuirse y, de hecho, acusaban a la iniciativa de querer "estatizar a los niños", un argumento que, aparentemente, ha calado entre los electores.
Por otra parte, los helvéticos sí que aprobaron hoy en el referéndum por un 62,9 por ciento de los votos la iniciativa conocida como de "planificación del territorio", que pretende refrendar una propuesta de ley del gobierno para acotar las áreas de construcción y preservar así el espacio natural.
Los impulsores de la iniciativa -gobierno, ambientalistas, campesinos y partidos de izquierda- esgrimieron que la situación actual no puede durar porque cada año se construye un área equivalente a 22 kilómetros cuadrados y cada segundo se pierde un metro cuadrado de tierra cultivable, un argumento que caló entre los votantes. EFE