Las víctimas de un envenenamiento masivo por consumir un jarabe adulterado en Panamá recibirán una pensión vitalicia de 600 dólares mensuales, como establece una Ley aprobada por el parlamento panameño y que hace justicia a los afectados, dijo este martes una fuente oficial.
El ministro panameño de Economía y Finanzas, Frank De Lima, señaló que con la aprobación de esta ley, anoche, "se hace justicia a las víctimas" del jarabe adulterado con dietilenglicol, indicó un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
La cuantía de la pensión vitalicia será revisado cada dos años, quedando así establecido en la ley, que será reglamentada por el Ejecutivo en un término de 90 días.
Además, el Ministerio de Salud junto con el MEF han realizado las gestiones para conseguir los recursos y cumplir con las necesidades de esas personas, según la información oficial.
Dicha ley no solo responde por los afectados, ya que en caso de que la persona fallezca, el cónyuge o compañero en unión de hecho podrá recibir el 100 % de la pensión.
En 2003, la Seguridad Social (CSS) de Panamá sacó a concurso público la compra de 9.000 kilos de glicerina pura para elaborar un jarabe que distribuyó de forma gratuita y cuya licitación se adjudicó a la empresa panameña Grupo Comercial Medicom, que a su vez pidió el producto a la compañía Rasfer Internacional S.A., con sede en Cataluña (España).
Pero la glicerina, en vez de ser apta para el consumo humano era de tipo industrial y contenía una sustancia venenosa: dietilenglicol, que hasta el momento ha causado la muerte de más de 170 personas de un total de unas 8.000 personas que se calcula que podrían estar afectadas.
En diciembre de 2010, la Procuraduría General de Panamá formuló cargos contra 23 personas por este caso, incluyendo a la gerente de la empresa española Rasfer Internacional, compañía que se encargó de embarcar el producto al país centroamericano.
La Audiencia Nacional española ordenó en julio de 2011 el archivo del caso contra la empresa farmacéutica de ese país implicada en la tragedia, desestimando un recurso presentado por los afectados y la CSS.
El juez español Ismael Moreno desestimó la responsabilidad penal de Rasfer Internacional por considerar que había sido una "mera intermediaria comercial" y no había manipulado o sustituido el producto adquirido en China y enviado a Panamá. /EFE