Amnistía Internacional denunció hoy en Puerto Rico el avance de juicios con posibilidad de condena a pena de muerte en la isla, territorio cuya Constitución la prohíbe, pero que es posible por tratarse de una jurisdicción de EE.UU.
El director de Amnistía Internacional Puerto Rico, Pedro Santiago, dijo en conferencia de prensa que actualmente hay un caso en la isla con posibilidad de condena a muerte, en segunda fase, y 14 más por certificarse para la pena capital por parte de las autoridades estadounidenses.
"Es preocupante que mientras en Estados Unidos se reducen los casos de pena de muerte en Puerto Rico, en sentido opuesto, aumentan", dijo Santiago.
El coordinador de la Coalición puertorriqueña contra la pena de muerte, Edgardo Román, dijo por su parte que entre 1988 y 2012 se autorizó por parte de las autoridades judiciales estadounidenses un total de 488 casos con posibilidad de pena de muerte, con Puerto Rico en el séptimo puesto en términos absolutos.
Román aclaró que si se tomará en cuenta la población, Puerto Rico ocuparía el primer lugar per cápita debido a su reducido tamaño.
La denuncia de Amnistía Internacional coincide con la publicación hoy en el diario El Nuevo Día de una encuesta que señala que un 57 % de la población es contraria a la pena de muerte, frente a un 25 % a favor, un 12 % que apuntó que dependería del caso, un 5 % que no se pronunció y el 1 % restante que indicó no estar seguro.
El sondeo, realizado entre los días 1 y 4 del presente mes sobre una muestra de mil personas, confirma la tradicional tendencia de la población de Puerto Rico contra la pena capital.
En el mismo se preguntó a la ciudadanía sobre el reciente caso de Alexis Candelario Santana, responsable en 2009 de la muerte de 8 personas en Puerto Rico en el bar "La Tómbola" y 14 asesinatos mas, que pasará el resto de su vida en prisión al no alcanzar el pasado marzo el jurado unanimidad para determinar la pena capital como condena.
Un 47 % de los preguntados dijo sobre el veredicto de ese mediático caso en Puerto Rico estar de acuerdo, un 37 estar a favor de la pena de muerte, un 8 % no saber suficiente sobre el caso y el 2 % restante no estar seguro.
La opinión pública de Puerto Rico está pendiente estos días del juicio con posibilidad de pena de muerte al neoyorquino Lashaun Casey, un ciudadano estadounidense de raza negra acusado del asesinato en Fajardo, en la costa esta de la isla, del agente federal encubierto Jesús Lizardi en agosto de 2005.
Se espera que en el plazo de días el jurado se pronuncie sobre el caso, que no ha despertado tanta expectación mediática como el de Candelario Santana.
El director de Amnistía Internacional Puerto Rico dijo que sería una vergüenza que en este caso, en el que el acusado es un extranjero y de raza negra, el jurado fuera favorable a la pena capital, tratándose además, aclaró, de un asesinato poco claro en el que como dijo intervinieron otras personas.
La ley federal estadounidense de Pena de Muerte de 1994 hace posible la sentencia de muerte en Puerto Rico, aunque nunca podría ejecutarse en suelo caribeño, donde su Constitución de 1952 prohíbe la pena capital.
Un memorando firmado en 2010 entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales permite la transferencia inmediata a la jurisdicción federal de ciertos casos, incluidos los asesinatos por intento de robo de automóviles, con uso de armas de fuego y en los que haya relación con drogas, entre otros.
El actual gobernador, Alejandro García Padilla, en el cargo desde el pasado enero, ratificó el memorando al convertirse en jefe del Ejecutivo.
Amnistía Internacional señala que Puerto Rico es el único territorio del mundo en el que otro país impone la pena de muerte a la población autóctona./EFE
(RB)