El Gobierno de Argentina defendió su propuesta para eludir los obstáculos judiciales que impiden pagar en EE.UU. a los tenedores de bonos argentinos reestructurados, mientras varios grupos de la oposición ya adelantaron que votarán en contra del proyecto de ley en el que se fundamenta.
Un día después de que la presidenta Cristina Fernández anunciase el "Proyecto de Ley de Pago Soberano Local de la Deuda Externa", el ministro de Economía, Axel Kicillof, precisó que no se trata de abrir un nuevo canje de deuda sino una vía para cambiar "de sede de pago", con el fin de garantizar que el país suramericano "pueda seguir pagando y que los bonistas puedan seguir cobrando".
Kicillof, como hizo también el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, subrayó la voluntad de pago de Argentina y criticó las decisiones del juez estadounidense Thomas Griesa que han impedido a algunos tenedores de bonos argentinos reestructurados cobrar en EE.UU. el vencimiento del 30 de junio.
El bloqueo del pago se debe a un fallo de Griesa, ratificado por la Corte Suprema de EE.UU. favorable a fondos de inversión que poseen bonos no sujetos a las reestructuraciones que las autoridades argentinas ofrecieron a sus acreedores en 2005 y 2010, como solución al millonario cese de pagos declarado por Argentina en 2001.
El proyecto de ley abre la posibilidad a que los acreedores cobren su deuda a través del Banco de la Nación Argentina o a que presenten un medio alternativo de su elección.
"También ellos (los bonistas reestructurados) pueden ofrecer una posibilidad, una solución para cobrar, esta ley no es compulsiva. (…) Es una alternativa de pago local", apuntó Kicillof.
El proyecto ha sido ya remitido al Congreso, de mayoría oficialista, y el Gobierno espera tenerlo aprobado antes del 30 de septiembre, fecha del próximo vencimiento.
"Ante la envergadura de las dificultades que ha planteado el juez Griesa y el sistema judicial norteamericano en cuanto al cobro, no al pago, de parte de los servicios, es razonable que sea el propio Congreso quien tenga esta solución que estamos planteando", justificó Kicillof.
Sin embargo, desde la oposición, dirigentes de diferentes grupos políticos ya anticiparon que votarán en contra y reclamaron medidas para evitar el deterioro de la economía.
"No vamos a aplaudir un default (cese de pagos)", manifestó el alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, líder de la conservadora Propuesta Republicana (PRO).
Por su parte, la diputada por la coalición de centroizquierda Unen Elisa Carrió sostuvo que Cristina Fernández "vive una guerra imaginaria que puede causar demasiado daño a la Argentina y a su propio gobierno" .
El proyecto de ley contempla la apertura de dos cuentas, una para pagar a los tenedores que aceptaron los canjes de 2005 y 2010 y, como novedad, otra para pagar al 7,6 % de bonistas que no aceptaron la reestructuración, incluidos los fondos litigantes (el 1 %).
Los pagos se realizarán en la moneda estipulada según los contratos de los títulos.
El ministro aprovechó su comparecencia para cargar de nuevo contra el juez Griesa, cuyo fallo obliga a argentina a pagar unos 1.300 millones de dólares, más intereses, a los que Argentina califica como "fondos buitre".
Para Kicillof, la sentencia de Griesa "es una locura financiera y política" para beneficiar al 1 por ciento de los bonistas y un "acoso" a Argentina.
"Es un fallo ridículo, es de imposible cumplimiento", insistió el titular de Economía en alusión a la decisión del juez estadounidense de bloquear el pago a los acreedores reestructurados hasta que no se cumpla la sentencia.
El Gobierno argentino sostiene que no puede cumplir el fallo porque desencadenaría un aluvión de demandas de los bonistas que aceptaron la reestructuración debido a una cláusula en el contrato del canje les permite reclamar si el país suramericano mejora su oferta a otros acreedores antes de 2015.
"Argentina tiene que seguir pagando, va a seguir pagando y va a defender los canjes de 2005 y 2010″, reiteró el ministro, para quien la deuda antes de la asunción de Néstor Kirchner en 2003 "era una bola de nieve imparable" y ahora "es una bolita de nieve manejable".
Kicillof incluso invitó a Paul Singer, fundador del fondo de inversión NML e impulsor del litigio contra Argentina, a sumarse a la propuesta, aunque matizó que es poco probable que acepte porque ofrece un 300 % de beneficio frente al 1.600 % que pretende cobrar con la ayuda del fallo de Griesa. EFE