DPA
Argentina "valora positivamente la presentación del gobierno de Estados Unidos" en "apoyo" a la posición del país sudamericano en la audiencia con fondos "buitre" realizada este lunes en la Corta Suprema de Justicia en Washington, afirmó hoy el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
"La audiencia no presentó sorpresas y se desarrolló dentro de lo previsible, los argumentos orales de los abogados que representan a la Argentina fueron satisfactorios, y valoramos positivamente la presentación del gobierno de Estados Unidos en apoyo a la posición argentina. Ahora se espera una decisión de la Corte antes de fines de junio", declaró el jefe de ministros.
"Esperamos con expectativas la resolución del fallo de la Corte", aseveró en conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este lunes los argumentos del gobierno argentino y los fondos "buitre" acerca de si los acreedores pueden obligar a un país, en este caso Argentina, a hacer públicos sus activos en el extranjero para saber si pueden ser embargados si así lo determina un juez, en lo que se ha dado en llamar el caso "Discovery".
En el trasfondo está la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, una normativa que protege a gobiernos extranjeros de ser demandados en tribunales estadounidenses.
Los fondos de inversión reclaman que se efectivicen los fallos a su favor de la Justicia estadounidense para cobrar 1.330 millones de dólares por los bonos soberanos argentinos que poseen y están en moratoria desde fines de 2001.
El Estado norteamericano se apersonó en este caso como "amicus curiae" (amigo de la corte), argumentando que una decisión en contra de Argentina y a favor de los fondos "buitre" de la Corte Suprema iría en contra de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, con eventuales perjuicios en el futuro para intereses estadounidenses en el extranjero.
De hecho, en la audiencia tomó la palabra en defensa de Argentina un representante del gobierno estadounidense, el abogado del Departamento de Justicia Edwin Kneedler, quien junto con el defensor del país sudamericano, Jonathan Blackman, afirmó que permitir que se exija este tipo de información viola la normativa sobre inmunidad extranjera y podría afectar los intereses foráneos de Estados Unidos.
Kneedler advirtió durante su comparecencia de unos diez minutos a los nueve jueces que el gobierno estadounidense tendría "muchos problemas" si el tribunal de otro país le ordenara contarles a acreedores extranjeros lo que Estados Unidos posee alrededor del mundo, destacó el blog especializado en la Corte Suprema "Scotusblog".
Según señala hoy el diario argentino "Clarín", tras la audiencia fue difícil establecer quién fue el ganador y se estima que el fallo que se anunciaría en junio sería "mixto". "La Corte permitiría que los fondos buitre tengan acceso a cierta información sobre los activos comerciales argentinos en el exterior pero pondría restricciones y excluirá propiedades diplomáticas, militares y otras relacionadas con la seguridad nacional", indica el periódico.
El diario "Página/12″ informa que "los magistrados preguntaron con dureza a cada uno de los tres expositores (Argentina, buitres y gobierno de Estados Unidos), por lo que no es posible deducir una conclusión definitiva de la orientación del fallo".
La receptividad de los jueces de la Corte Suprema está considerada clave para el caso de los fondos "buitre" en sí, que el máximo tribunal estadounidense debe resolver si toma o no.
Y es que de no decidir la Corte Suprema se consideraría en firme el fallo de una Corte de Apelaciones que a su vez ratificó el dictamen del juez de Nueva York Thomas Griesa. Éste había ordenado a Buenos Aires pagar de una vez los 1.330 millones de dólares que reclaman ante la Justicia de Estados Unidos tenedores de bonos argentinos en moratoria y que no aceptaron la reestructuración de la deuda (los por Argentina llamados "fondos buitre").
El argumento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es que, de hacer caso a este fallo, luego no podría cumplir con los que sí ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, en los que se regularizó el 92,4 por ciento de la deuda.
Según Buenos Aires, esto podría empujar al país a una cesación de pagos, tal como ocurrió en 2001, en una de las peores crisis que vivió en su historia.