La exmandataria y candidata presidencial opositora Michelle Bachelet reveló hoy que el antiguo jefe de la extinta policía secreta de la dictadura, Manuel Contreras, le interrogó cuando estuvo detenida en un centro de torturas de Santiago.
En una entrevista concedida a CNN Chile hace un mes con motivo del 40 aniversario del golpe de Estado, Manuel Contreras aseguró que Bachelet nunca estuvo en Villa Grimaldi, un antiguo centro de torturas situado en el este de la capital y ahora convertido en un parque por la paz.
"Ella nunca estuvo allí", señaló Contreras, quien admitió que detuvo a Bachelet y a su madre, Ángela Jeria, por orden de Pinochet, pero aseguró que las derivó directamente a la Academia de Guerra (AGA), dependiente de la Fuerza Aérea.
En la AGA fue torturado el padre de Bachelet, el general Alberto Bachelet, quien murió en 1974 a consecuencia de esos apremios.
"La verdad es que me dio una indignación profunda", aseguró, sobre las palabras de Contreras, la expresidenta (2006-2010) y favorita a los comicios presidenciales de noviembre en una entrevista difundida hoy por ese mismo canal.
"Me indignó y no entiendo cuál era el objetivo de desmentir(lo). Él me interrogó personalmente a mí y francamente me parece una mentira brutal", añadió Bachelet, que añadió que no pudo seguir viendo esa entrevista hasta el final.
Bachelet relató que supo que estaba en Villa Grimaldi porque una de las presas resultó ser la dueña de la fábrica de baldosas que se habían instalado en el suelo de ese recinto. Esas baldosas eran lo único que los detenidos podían ver a pesar de que tenían los ojos vendados.
Según datos oficiales, fueron 4.500 los prisioneros políticos que pasaron por Villa Grimaldi entre 1973 y 1977, de los que 229 figuran aún en las listas de detenidos desaparecidos.
Bachelet visitó ese centro junto a su madre en la víspera del pasado 11 de septiembre, aniversario del golpe.
Contreras, que fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), concedió esa entrevista en el penal Cordillera -de la que dijo que no era una cárcel, en alusión a las comodidades con las que contaban- y en ella negó además la práctica de torturas y la existencia de detenidos desaparecidos.
Esas declaraciones apuntalaron la decisión del Gobierno de Sebastián Piñera de cerrar el pasado 28 de septiembre el penal Cordillera, donde había diez presos por violaciones a los derechos humanos, y agruparlos a todos en Punta Peuco, otra prisión especial que también cuenta con numerosos privilegios. /EFE