El fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, ratificó la vigencia de las dos órdenes de captura que pesan sobre el expresidente Evo Morales, quien es investigado por su presunta vinculación con una menor de edad durante su mandato y por su supuesta responsabilidad en las violentas protestas sociales registradas entre mayo y junio.
Durante una reunión sostenida en Sucre con la Comisión de Constitución del Legislativo, la autoridad fiscal aclaró que no se ha dejado sin efecto ninguna de las medidas contra el exmandatario.
"Esperemos que la Policía coordine de una manera adecuada el día y la hora correspondiente para realizar lo que corresponde conforme a ley", declaró Urioste ante los parlamentarios.
Refugiado en su bastión político
Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, permanece resguardado por grupos de seguidores en el Trópico de Cochabamba —su principal bastión sindical y político—, lo que ha imposibilitado su detención por parte de los cuerpos policiales.
Las acciones judiciales en su contra contemplan dos causas principales:
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Trata de personas: Investigado por presunta trata agravada debido a la relación que habría sostenido en 2016 con una menor de edad, de la cual habría nacido una hija. En 2024, un intento de captura desató fuertes bloqueos de vías promovidos por sus simpatizantes.
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Terrorismo y alzamiento armado: Derivado de las protestas promovidas por sectores afines para presionar la renuncia del actual presidente Rodrigo Paz, caso por el cual se emitió una orden de captura el pasado mes de julio.
Nuevos frentes judiciales
Sumado a estos procesos, la representación del Ejecutivo boliviano ha señalado que la cooperación internacional será un elemento determinante para concretar la aprehensión del expresidente.
Por otra parte, el Ministerio Público inició recientemente la recolección de antecedentes para solicitar un eventual juicio de responsabilidades contra Morales y su exvicepresidente, Álvaro García Linera, a quienes se les investiga por presuntos delitos de lesa humanidad vinculados a un caso de terrorismo ocurrido durante su gestión en el año 2009.
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