Las centrales obreras de Paraguay denunciaron hoy la política "neoliberal" del Gobierno del presidente Horacio Cartes como lesiva para los intereses de los trabajadores, e instaron a los paraguayos a sumarse a la huelga general convocada para el 26 de marzo.
En un comunicado de fin de año, las organizaciones sindicales manifestaron que la profundización de la política neoliberal del presidente Cartes tiene como consecuencia la flexibilización laboral y la precarización de las condiciones de trabajo.
La política económica del Ejecutivo "se expresa en el fortalecimiento del modelo agroexportador que solo favorece a los sojeros (productores de soja) y ganaderos y ataca violentamente el nivel de vida de los trabajadores", según el balance de las centrales obreras.
Asimismo, los sindicatos señalaron que el modelo económico impulsado por el Gobierno apunta a la desaparición de los pequeños y medianos productores del campo, al tiempo que no se plantea implementar la reforma agraria.
Paraguay es el país con la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, ya que el 2,6 % de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agraria, según la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Las centrales obreras también denunciaron la ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública, aprobada por el Congreso, con la que se pretende, según los sindicatos, "entregar el patrimonio nacional al capital privado, principalmente extranjero".
Los convocantes de la huelga indicaron que esa ley es un complemento de la de Responsabilidad Fiscal, que plantea "restricciones a los rubros sociales y austeridad para los trabajadores".
Cartes, un rico empresario que asumió la Presidencia el pasado 15 de agosto, es el "padre" de la ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública, que él defiende como fundamental para atraer la inversión extranjera.
Las centrales obreras llamaron a los trabajadores a secundar la huelga general de marzo y a exigir un reajuste salarial del 25 % para todos los empleados y obreros, tanto del sector público como privado.
Entre otras reivindicaciones, los representantes laborales apuestan por interponer una "acción de inconstitucionalidad" de la ley de Promoción de la Inversión en Infraestructura Pública.
Asimismo, rechazan la subida del transporte público, prevista para principios de año y abogan por la aplicación de la reforma agraria, la eliminación de los contratos "basura" y de la política de persecución sindical emprendida por el Gobierno, según dicen.
La huelga está convocada desde mediados de diciembre por cinco sindicatos, siendo el mayor la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica, que incluye a personal de transportes, servicios y funcionarios. /EFE